Por Felipe de J. Monroy González, Director Vida Nueva México |
El problema en el tema de la renovada batalla del gobierno federal en Michoacán ahora, ya no contra el crimen organizado, sino contra las autodefensas y los diferentes brazos armados radica en que ningún posicionamiento lógico o político de cualquiera de los actores es digno de un ápice de confianza. Ni es factible tener certeza en que la intervención directa del orden público federal busca como único objetivo la recuperación del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado; ni se puede confiar en que la reacción organizada de los grupos armados comunitarios o autodefensas nace de un desinteresado deseo de proteger el terruño.
Las acusaciones, ni irreales ni fundadas, del patrocinio que el cártel Nuevo Milenio de Jalisco tiene en la creación, mantenimiento y operación de las policías comunitarias en Michoacán para debilitar a sus competidores en el mercado ilegal de estupefacientes, armamento y cobro de cuotas de derecho de piso, son tan graves como las acusaciones que se hicieron al entonces equipo de campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto, por pactar con el crimen organizado con el objetivo de disminuir la violencia en varios puntos de la República.
En el escenario que hoy vemos en Michoacán, con tristeza, incluso ambas, podrían ser ciertas.
Desde una hipótesis: el gobierno federal, actuando con fidelidad al presunto pacto con los cárteles delincuenciales, emprendería ahora una cruzada contra las policías comunitarias cuya presencia sí ha sido significativa en la recuperación del control social usurpado al gobierno años atrás por parte del crimen; pero desde otra suposición, la falta de gobernabilidad facilitaría el que los propios cárteles de la droga alimentasen con armas y recursos a organizaciones populares hasta convertirlos en células paramilitares al servicio del conflicto.
En este dilema monumental no hay que perder de vista a la sociedad, a las familias, escuelas, empresas, profesionistas y servidores, instituciones intermedias que intentan hacer vida en el territorio disputado. Bajo esta presión no es sencillo encontrar quien recoja sus inquietudes, sus necesidades y las esperanzas más legítimas en el restablecimiento de una paz cordial, reconciliadora y reparadora. En situaciones tan complejas como las vividas en estos momentos en Tierra Caliente son imprescindibles los liderazgos reales, liderazgos comprometidos que sean voz de los sin voz, que sean baluartes morales de una población que quiere prevalecer, sobrevivir al cautiverio al que han sido sometidos. En esto las organizaciones religiosas, la Iglesias locales, pueden ofrecer mucho, sacrificando tan solo un poco de comodidad y colocándose con valentía testimonial junto a quienes realmente padecen el desaguisado y proponiendo alternativas de convivencia.
La prudencia evangélica se convierte en cobardía conformista cuando ni se anuncia un sentido de la fe solidaria y liberadora, ni se denuncian los dolores que aquejan la dignidad humana, de los más inocentes y más más desamparados. Afortunadamente hoy por hoy no es el caso en Apatzingán, allí ha surgido una voz que da confianza, es la del obispo Miguel Patiño, comprometido con el ser humano y no sólo con intereses instrumentales del poder.
Su carta pastoral del 15 de enero es un grito de indignación, ubicado junto al dolor y el desconcierto de la gente, de los inocentes; la voz del pastor es un reclamo por la sangre derramada y por la indiferencia ante ella. El obispo Patiño no se erige como respuesta a las súplicas de paz, se coloca al servicio de una verdad que debe ser dicha y una esperanza que debe ser compartida: al gobierno le exige voluntad política, al pueblo le presta su voz para que esta esperanza resuene más allá del llanto o el clamor de la oración. Hacía tiempo que una voz profética, del lado del derecho irrenunciable a una vida digna, no hacía con tanta firmeza un llamado de atención urgente a las autoridades en medio de un conflicto que, invariablemente, atenta constantemente en contra de los defensores de la paz. Hoy el obispo Patiño, claramente poniendo en riesgo su propia seguridad, ha tomado posición en el conflicto: junto a la gente.
