Por Carlos Garfias Merlos, Arzobispo de Acapulco |
La crisis desatada por la acción violenta del 26 de septiembre en Iguala, merece toda la atención de la sociedad y de los gobiernos correspondientes. Esta crisis es una muestra de lo que puede seguir sucediendo en diversas regiones del Estado y reclama una necesidad de intervenir para que ya no se repitan. Es necesario generar y promover condiciones para que ya no haya más asesinados ni desaparecidos.
Para esto, se requiere una decidida participación de la sociedad, seriamente deteriorada. Se ha señalado, con mucha frecuencia la descomposición social como un grave problema que se está manifestando en crisis como la que padecemos, pues hay un segmento significativo de la mima sociedad que participa en acciones ilegales que lesionan a las comunidades y a la sociedad entera, la que tiene que sentirse convocada a generar respuestas para sanearse a sí misma a través de sus actores más significativos como organizaciones profesionales, escuelas, universidades, iglesias y familias. Tiene que haber una acción participativa concertada y responsable de todos. Hay que desatar procesos a mediano y largo plazo, haciendo cada quien su parte para construir la paz, ten necesaria para el progreso de las familias y de la sociedad entera.
Por su parte, las autoridades han de sentirse convocadas a cumplir con sus obligaciones, empezando por salvaguardar las instituciones que se les han confiado para que estén en condiciones de servir a la gente. Hay que recuperar la confianza perdida para que los gobiernos se pongan al servicio del bien común y los ciudadanos nos sintamos protegidos y respaldados por quienes han sido puestos para ello. El hecho de que la seguridad de doce municipios de las regiones Norte y Tierra Caliente esté bajo el cuidado de las autoridades federales es positivo, pero insuficiente. Hay que asegurar que todos los municipios tengan condiciones propias para cumplir sus responsabilidades y que estén fuera del alcance de la delincuencia organizada, para ello, es indispensable acoger la participación de los ciudadanos y de toda la sociedad civil.
