El pasado 5 de enero, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo pública su postura frente al aumento del precio de la gasolina –conocido popularmente como “el gasolinazo”, y que ha provocado un sinnúmero de protestas y actos violentos en diferentes partes del país-, y, que en su parte medular exhorta a las autoridades federales a “reconsiderar seriamente esta medida que afecta a todo nuestro País, especialmente a los más pobres”.
La CEM, en voz de su secretario general, monseñor Alfonso G. Miranda Guardiola, urge al Presidente Peña a ser sensible “a las necesidades cotidianas de la gente, y ser conscientes de las consecuencias de esta medida gubernamental”, a la vez de llama a los legisladores a “mirar desde abajo y no solamente desde arriba”, porque “no es correcto imponer leyes sin tomar en cuenta la realidad y el sentir que vive la gente, sobre todo los más desamparados”.
Los obispos también exhortan a la sociedad civil a encauzar su descontento y malestar a través de medios pacíficos; y no caer en la violencia, la anarquía, el vandalismo, el saqueo o la afectación a las vías de comunicación; a la vez que denuncian los episodios violentos que se han vivido: “La violencia genera violencia, destrucción. No expongamos, ni atentemos contra la integridad de ninguna persona, ni la paz social”, se lee en el comunicado.
En su mensaje, la CEM llama a los diferentes actores de la sociedad “a recorrer el camino de la paz, la justicia y la solidaridad, resolviendo de manera inteligente y creativa los grandes retos que se nos presentan. La disposición para construir la paz y el bien común entre nosotros, es la mejor forma de fortalecer nuestra unidad”. También anima a todos los miembros de la Iglesia Católica, “a solidarizarnos especialmente con los más afectados”.
