Más de 30 mil firmas que expresan el descontento por la llegada de la minería a El Salvador fueron entregadas, la semana pasada, a la Asamblea por el Arzobispo José Luis Escobar. A dicha iniciativa, se une el pronunciamiento de la Mesa de Cambio Climático del país, que expone los riesgos de dicha actividad y las demandas para contrarrestarla.
Dentro del documento exponen que la minería es una industria contaminante, ya que utiliza en su procesos de producción grandes cantidades de sustancias químicas (como el cianuro), para la separación del oro y plata de las rocas; provocando el desprendimiento de metales pesados, conocidos por provocar enfermedades renales y algunos tipo de cáncer, además de daño a los mantos acuíferos.
Como ejemplo del peligro de las mineras señalan el caso de San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, que se vio afectado por el “drenaje ácido de mina” de la producción minera a inicios de 1968, causante de la contaminación de los ríos El Camarón y Las Marías, vertientes que dan vida al río San Sebastián. También provocó la contaminación de sus recursos naturales y, por lo tanto, la salud de la población.
“No debe ser considerada como alternativa de desarrollo, sino más bien una actividad ambientalmente no sustentable y una forma de continuidad del modelo global de producción ilimitada, consumismo y desechos crecientes, asociado al acaparamiento de tierras, el extractivismo y la quema de combustibles fósiles que conlleva al agravamiento de la crisis climática actual” enfatiza la Mesa del Cambio Climático.
La organización, la cual aglutina a diversas instituciones que están en contra de la minería, también reconoce el aporte que ha realizado la Iglesia Católica Salvadoreña, Cáritas de El Salvador y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), que no sólo han presentado a la Asamblea Legislativa un nueva propuesta de ley que prohíba la minería metálica, sino que también “se han movilizado demandando la pronta discusión y aprobación de la nueva ley”.
Aún no hay fecha para la aprobación del estatuto, sin embargo, las entidades ligadas al proyecto esperan un dictamen favorable que sustente la aprobación, para posteriormente se dé la sanción definitiva, por el Presidente de la República, a quienes atentan contra los recursos y el bienestar del pueblo salvadoreño.
