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Tortura en el Estado más seguro

Tortura en el Estado más seguro

IGLESIA Y SOCIEDAD | Por Raúl LUGO RODRÍGUEZ |

Muchas veces, en este mismo sitio, he tratado sobre la persistencia de la tortura en el Estado de Yucatán. Nos jactamos de ser el Estado más seguro del país y no hay institución que tome cartas en el asunto respecto a los casos públicos, con las redes sociales, cada vez más evidentes, de tortura.

En el caso de Roberth Tzab, explicado más de una vez en este portal, la Fiscalía del Estado de Yucatán acaba de recibir, por enésima ocasión, la orden de un Tribunal de concluir con la investigación que ha tratado, en más de una ocasión, de cerrar a la mala, esto es, sin castigo a los culpables, resarcimiento de daños a los familiares de la víctima y garantías de no repetición del hecho.

Porque esta orden judicial desnuda, una vez más, la reiterada y dolosa omisión de la dependencia del Poder Ejecutivo encargado de la procuración de justicia, sobre todo en estos tiempos en que cada tienda departamental y cada escuela proclama a voz en cuello el funcionamiento del llamado Escudo Yucatán, hago público en este espacio el más reciente comunicado del equipo de derechos humanos Indignación AC al respecto. Lo hago con dolor y rabia por la familia de Roberth y con vergüenza e indignación por la ineficiencia e ineficacia de las autoridades que deberían procurar justicia en este Estado.

Ordenan de nuevo a Fiscalía de Yucatán concluir investigación en caso de tortura

 Comunicado del Equipo Indignación A.C.

Al mismo tiempo que una nueva denuncia pública de tortura, de nuevo en Tekax, alertó la semana pasada la persistencia de este ominoso crimen en el Estado, la Justicia Federal concedió un nuevo amparo en el caso de Roberth Tzab, quien murió, hace ya casi siete años, en una celda de Tekax en condiciones que obligan a sospechar tortura pero que la fiscalía reiteradamente y negligentemente ha omitido investigar.

El Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito ordenó a la Fiscalía del Estado concluir la investigación y le dio un lapso de tres meses para hacerlo.

Desde hace siete años que la Fiscalía cierra reiteradamente la investigación y hace siete años que el equipo Indignación, junto con los familiares de Roberth Tzab, a través de recursos jurídicos, amparos y revisiones exige continuar la investigación y hacerlo de acuerdo con los protocolos para investigar tortura. Ni una cosa ni otra hace el Estado, que ante el crimen se niega a determinar responsabilidades.

El año pasado policías de Tekax fueron filmados cuando torturaban a una persona y el video circuló en redes sociales. El Congreso del Estado formó una comisión para el caso pero se negó a entrevistar al alcalde de Tekax.

La Comisión de Derechos Humanos, por su parte, emitió una recomendación pero omitió referirse a la tortura perpetrada en contra del policía que difundió el video.

En mayo del año pasado la tortura perpetrada por policías municipales también arrebató la vida a un joven de Temax. Por esos días falleció otra persona en los separos de la policía, en Mérida.

El Gobernador del Estado y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública presumen la tranquilidad del Estado sin inmutarse ante el flagelo de la tortura que persiste en el Estado, sin enfrentar uno de los crímenes más ominosos, sin rendir cuentas, sin investigar, sin sancionar y sin establecer las medidas para erradicar la tortura.

El Gobernador del Estado y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública se muestran leales a los policías que torturan, los respaldan, los defienden y defraudan a la sociedad, ante la cual tienen que responder por vulnerar reiteradamente los derechos humanos a través de crímenes tan graves que van en contra de la vida de las personas.

La tibieza de la Comisión de Derechos Humanos, que tendría que emitir sus recomendaciones con la determinación y el fundamento que el caso requiere, publicitarlas, señalar a los responsables y convertirlas en instrumento para generar conciencia y erradicar este crimen.

 

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