La Iglesia Católica chilena durante el tiempo de la dictadura militar encabezada por el General Augusto Pinochet, que se prolongó por 17 años (luego del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 hasta 1989, en que retornó la democracia ), asumió un fuerte compromiso por los derechos humanos, la justicia social y la democracia; por lo que se convirtió en precursora, como Iglesia, de la acción en este campo en el continente latinoamericano.
De alguna forma encarnó aquello que Leonardo Boff describía en su célebre Teología desde el lugar del Pobre: «La parábola del Buen Samaritano define en términos sumamente concretos cuál debe ser la misión de la Iglesia en América Latina: un servicio a los hombres, especialmente a hombres como el de la parábola: caídos y medio muertos (cfr. Lc. 10, 30). […] Y la Iglesia encuentra el sentido de su existencia en ser la prolongación de este servicio de Jesús a todos los hombres, particularmente a los humillados y ofendidos de nuestra historia».
La Iglesia, defensora
Previo al golpe militar, la Iglesia se transformó en un organismo que luchó por el entendimiento de polos políticos, que resultaron en definitiva irreconciliables. Luego, cuando sucedió el golpe militar que derrocó al Presidente Salvador Allende y colocó a Pinochet en el Palacio de La Moneda, como presidente; la postura de la Iglesia fue la de dar voz a los sin voz, a aquellos perseguidos; y a la denuncia y protección de la sociedad civil en cuanto a sus derechos humanos.
La Iglesia Católica pidió a la Junta de Gobierno que respetara los derechos de sus opositores, aconsejándole que procediera con cautela, que mantuviera los logros alcanzados por la clase obrera y que se devolviera lo más pronto posible a la institucionalidad democrática. La declaración, emitida por el Comité Permanente del Episcopado, provocó un fuerte rechazo de parte de la Junta.
A un mes del golpe militar, se creó el Comité Pro Paz que ayudó a refugiados y perseguidos políticos, con el Cardenal Silva Henríquez, arzobispo de Santiago, a la cabeza. Durante los 17 años de la dictadura militar la Iglesia se transformó en incansable defensora de los derechos humanos. Después del Comité Pro Paz se creó la Vicaría de la Solidaridad, cuya institución permitió dar socorro a quienes eran perseguidos.
El sacerdote Enrique Palet, actual secretario ejecutivo de la Vicaría de la Solidaridad, señala que «inmediatamente después de las denuncias de detención de personas de la sociedad civil, era hacerlo público y presentar los recursos de tal modo que aquellos que habían detenido a esas otras personas se enteraran de que ya se sabía el hecho; cuando eso ocurría disminuía la tortura, la represión y aparecían los detenidos que habían estado en otro lugar; desgraciadamente no fue así en todos los casos».
En 1974, la Iglesia señala las condiciones necesarias para una verdadera reconciliación en el país a través de su informe Reconciliación de Chile, emitido en el año designado por el Vaticano como el Año Internacional de la Reconciliación. Según la Iglesia Católica chilena, las condiciones que favorecen un proceso de reconciliación incluyen un retorno al estado constitucional y un respeto incondicional por los derechos básicos del ser humano; además rechaza la pobreza y desempleo existentes en el país, los cuales atribuye a las medidas económicas tomadas por el régimen.
Asimismo, en las poblaciones el trabajo de la Iglesia fue determinante, como mediador de las fuertes tensiones sociales del momento, como fue el caso del sacerdote francés Pierre Dubois.
La Vicaría de la Solidaridad fue creada en 1976 para la defensa de los derechos humanos durante la dictadura. Define ampliamente su misión como prestación de apoyo legal, económico, técnico y espiritual a quienes lo necesiten, aún cuando su más connotado trabajo es el de documentar los abusos a las violaciones a los derechos humanos ocurridos bajo la dictadura y proporcionar asistencia legal a las víctimas y sus familias. Este aspecto de trabajo será gradualmente abandonado con el retorno de Chile a un régimen civil. Hoy en día, la Vicaría dirige un centro de archivos y documentación que compila material relevante a la situación de los derechos humanos en Chile.
Durante los años noventa la Iglesia colaboró con diferentes informes de derechos humanos, como el Informe Rettig y también el que lleva el nombre de Sergio Valecht, obispo auxiliar de Santiago, principal defensor de los derechos humanos en tiempos de la dictadura.
