Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco –que comprende las diócesis de Tlapa, Ciudad Altamirano, Chilpancingo-Chilapa y la arquidiócesis de Acapulco–, urgieron al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a tomar «medidas para frenar la violencia e inseguridad pública que existe en la entidad».
El obispo de Altamirano, Máximo Martínez Miranda dijo que en el encuentro con el gobernante solicitaron mayor seguridad para las personas que se han visto desplazadas de sus comunidades debido a la violencia generada por el crimen organizado; las comunidades que están padeciendo estas situaciones de desplazo están en los municipios de Ajuchitlán del Progreso San Miguel Totolapan y de Pungarabato, donde la situación es por demás complicada.
Desde que se incrementaron los desplazamientos por las incursiones de sicarios en pueblos de la sierra y Tierra Caliente, los líderes de la Iglesia han visitado por lo menos 50 comunidades.
Y aunque la inseguridad se mantiene, el obispo de Altamirano dijo que los sacerdotes no han dejado uno solo de sus pueblos, sufren para llegar, pero hasta el momento no registran ataques directos. «Nosotros tratamos de entrar a todas partes, vamos a llevar la palabra de Dios a todos los pueblos, no podemos retroceder porque se trata de llevar el mensaje de paz y esperanza», expresó el obispo.
Hasta el momento la delincuencia organizada «ha respetado al clero» y no hay amenazas, extorsiones, secuestros ni asesinatos directos, pero las padecen a través de sus feligreses.
