Por Felipe de J. Monroy, Director Vida Nueva México |
Tal como adelantaba la constitución del nuevo instituto de economía de la Santa Sede que el papa Francisco creó el pasado 24 de febrero, se nombraría a un Consejo de Economía que tuviera como tarea el supervisar la gestión económica y vigilar las estructuras y actividades administrativas y financieras de los Dicasterios de la Curia Romana, de las Instituciones relacionadas con la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Este Consejo quedó definido en sus quince miembros, ocho cardenales y siete laicos expertos en competencias financieras y económicas. El arzobispo de Múnich y Frisinga, Reinhard Marx, será el coordinador. Cabe destacar que los cardenales convocados ya eran miembros del Consejo de Estudio para los Problemas Organizativos y Económicos de la Santa Sede (creado en 1981 por Juan Pablo II con 15 cardenales miembros ordinarios), consejo que fue disuelto con la entrada en vigor de la Secretaría de Economía y de su nuevo consejo.
En un comentario explicativo, la Santa Sede asegura que este consejo mantendrá nuevas relaciones estatutarias con la Secretaría de Economía y se tratará de un cuerpo colegiado con autoridad de decisión en políticas financieras y no sólo como un órgano consultivo.
A pesar de lo novedoso de esta noticia, esta reforma del papa Francisco es un proceso iniciado por su predecesor Benedicto XVI que está encontrando causes a los trabajos iniciados en el 2010 por el anterior consejo. En aquel entonces, se quería dar una respuesta a varios problemas financieros de la Santa Sede, entre ellos la sospecha por presunto lavado de dinero desde el Instituto para las Obras Religiosas (IOR) mejor conocido como Banco Vaticano y el déficit recurrente en los balances anuales de la gestión económica de la Santa Sede.
Tan solo como un par de datos: para el 2012, los gastos en el governatorato de la Santa Sede ascendieron a más de 230 millones de euros; la Curia erogó casi 250; la Pastoral, 72; y las obras de caridad (sostenidas casi íntegramente por donativos de fieles), 274. Las otras áreas obtuvieron ingresos por la actividad comercial y la gestión patrimonial de sus bienes.
Miembro de ambos consejos, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de la ciudad de México, aparentemente ha sido una pieza clave en este proceso de saneamiento y reorganización financiera. La gestión administrativa ha sido siempre de gran interés para el purpurado; como responsable de una de las diócesis más grandes, vastas, complejas y políticamente delicadas del mundo, Rivera ha trabajado por dejar claras las reglas del gobierno administrativo y pastoral, aunque esto siempre ha supuesto conflictos y tensiones internas. Intentar ordenar los bolsillos de monjes y curas siempre provoca lágrimas y risas.
A pocos meses de su llegada a la Arquidiócesis de México promulgó un Decreto de Reordenación Económica. Entró en vigor en 1997 y declaraba entre otras cosas: que el monto total de la colecta del Seminario Conciliar de México se destinaría íntegramente al Seminario; que la colecta delÓbolo de San Pedro se dividiría a la mitad: una que a través de la curia arzobispal y la Nunciatura Apostólica se entregara a la Santa Sede y la otra mitad, quedaría en las parroquias de la ciudad; la colecta a las Obras del Episcopado Mexicano: el 75% a la curia y al Episcopado y el 25% a las parroquias; el 100% de la colecta del Domingo Mundial de las Misiones se entregaría a las Obras Misionales Pontificias Episcopales.
Aquel decreto también actualizaba los procedimientos de un seguro médico accesible a todos los clérigos así como la reorganización del fondo económico para la pensión de los sacerdotes jubilados tras cumplir la edad canónica del retiro. Un tópico de naturaleza grave y que se complica conforme el promedio de edad asciende entre los ministros religiosos.
Este decreto fue actualizado en el 2000 y en el 2007, clarificando áreas de competencia y validando con los organismos de la Santa Sede los alcances legales y canónicos del decreto. En la última reforma, el arzobispo insistió en la creación en todas las parroquias del DF de un “Consejo de Asuntos Económicos” en el que, de manera gradual, pudieran participar tanto sacerdotes como religiosas y laicos, así como la simplificación de procesos administrativos mediante una aportación mensual obligatoria del 10% de los ingresos brutos constatados de cada parroquia, rectoría y capilla capitalina.
Sin duda, en la ciudad de México persiste el manejo discrecional de los fondos de las iglesias y aún hace falta la solidaridad intraeclesial para apoyar a las comunidades más desfavorecidas; las reglas, sin embargo, están puestas y esperamos que, aunque a nivel vaticano también lo estén, no se repitan las vergonzosas historias de malversación de los recursos de la Iglesia.
