Hace pocos días Renato Sales, Coordinador Nacional Antisecuestros, publicó en este diario su “Estrategia contra el más doloroso de los delitos”. Su breve y preciso documento me llenó de esperanza.
Para empezar, reconoce la dimensión antropológica que está en la raíz del secuestro. Estamos, dice, ante el delito “que afecta con mayor hondura la dignidad humana” porque convierte a la persona en “cosa, en mercancía”, en el “objeto más vil de los regateos”.
Explica, también, cómo el crimen organizado floreció ante la escasa coordinación de los tres órdenes de gobierno, la desconfianza entre las corporaciones de seguridad, su resistencia a la colaboración y la falta de reconocimiento de la dinámica regional del problema de la delincuencia, provocando la desconfianza hacia las autoridades por parte de la sociedad civil.
En esta lógica, cinco elementos marcan la estrategia: reconocer que la dignidad de la persona se realiza en la protección de su vida y libertad; afirmar como acuerdo esencial entre políticos que éstos son los bienes que debe proteger el Derecho penal; recuperar la voluntad de colaboración entre las autoridades; ganar la confianza de la sociedad civil atendiendo prioritariamente a los familiares de las víctimas para favorecer la práctica de la denuncia, y mantener las estrategias y tácticas al margen de los intereses políticos.
La estrategia, entonces, se sostiene en dos elementos: el enfoque centrado en la persona y el principio de solidaridad. Como ciudadano y católico, aspectos de mi ser que me niego a separar, me declaro en plena sintonía.
La reducción de la persona a cosa, por la violación de su vida y libertad, está en el origen de la ausencia de solidaridad y la crisis del Derecho. La reducción a objeto que el secuestrador hace de su víctima es clara expresión del naufragio cultural que nos agobia, un aspecto extremo de la cultura del descarte como le llama el Papa Francisco. Así, me atrevo a sugerir, el combate al secuestro puede y debe generar el debate que nos hace falta como sociedad para recuperar el sentido de nuestra humanidad y revalorar la dimensión jurídica de nuestra convivencia, por la comprensión de que el Derecho y los derechos existen para proteger a las personas, empezando por los más frágiles. Asimismo, me parece urgente que los políticos cambien su cultura de relación con la sociedad civil. El caso de Morelos es paradigmático. Ramón Castro, obispo de la entidad, ha emprendido un conjunto de acciones pastorales orientadas a la educación para la paz con justicia y la atención a las víctimas del crimen organizado, así como a sus familiares. Esto implica, necesariamente, acompañar las iniciativas de su feligresía. Acude, por vocación evangélica y ciudadana, a las periferias existenciales y sociales, como nos lo ha pedido el Papa. Por desgracia, algunos políticos de Morelos, lejos de apreciar el esfuerzo de la sociedad civil y potenciarlo, han emprendido vulgares ataques argumentando que la labor de la Iglesia compromete la virginidad del Estado laico. Sorprendido, me pregunto: ¿Cómo se puede confiar en políticos que prefieren su trasnochada agenda ideológica a la colaboración con los ciudadanos, que anteponen el ataque a la respuesta solidaria?
El camino será largo; pero era necesario dar el primer paso. Para Renato Sales, hombre valiente como pocos, mi gratitud y oraciones cotidianas, de manera especial en esta Semana Santa cuando recordamos que la esperanza se encarnó, vivió entre nosotros, murió y resucitó.
