La Universidad Iberoamericana ha publicado en su página web un análisis sobre el II Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, que realiza la doctora Helena Varela, directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, y doctora en Ciencia Política, Sociología y Antropología Social por la Universidad de Madrid.

En este contexto, hoy, el Presidente de la República  dirige un mensaje a la nación desde Palacio Nacional, con motivo de su II Informe de Gobierno, el cual se entregó el lunes 1 de septiembre al Congreso de la Unión. El informe contó con muy bajos niveles de aceptación: menos de 50 por ciento. 

 Por la calidad y oportunidad del análisis, compartimos íntegra la reflexión de la Doctora Varela.

El Informe de Gobierno que cada año presenta el presidente de la República suele ser una oportunidad para que los titulares del Ejecutivo envíen señales a la sociedad de que se cumplen las medidas necesarias para hacer frente a los problemas que vive el país.

En este mensaje se trata de minimizar los errores o los ámbitos en donde se han dado pocos avances, al tiempo que se inunda a las audiencias de cifras que pretenden demostrar los grandes logros del gobierno. Los anuncios publicitarios que desde hace semanas se han multiplicado en todos los medios de comunicación son un buen ejemplo de ello: estadísticas y cifras que luchan por probar los cambios que se han dado durante la administración en turno.

No obstante, lo dice el dicho: “Hay tres tipos de mentiras: mentiras pequeñas, mentiras grandes y estadísticas”; es muy fácil utilizar los números y las cifras a conveniencia, lo cual logra que todo el mundo vea el vaso medio lleno, en lugar de encontrarlo medio vacío.

El II Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto no parece que vaya a desviarse mucho de la tónica acostumbrada, y los mensajes enviados hasta el momento están en la línea de hacer alarde de cambios que sólo han tenido lugar en los últimos meses.

A favor del presidente juega el hecho de que, a diferencia de sexenios anteriores, se han logrado reformas en sectores clave de la economía y la sociedad; a la reforma educativa con la que se inició su mandato se sumaron, entre otras, las reformas en telecomunicaciones, energética, política y fiscal; y para rematar con un tema muy sensible en nuestro país, se pone en marcha el proyecto de la Gendarmería Nacional, con la que se pretende hacer frente al crimen organizado.

La señal que el Ejecutivo desea implantar en los ciudadanos que observarán en sus televisiones el mensaje de mañana, y que hace referencia constante a las grandes mejoras que habrán de venir con las recién aprobadas reformas, es que tenemos un presidente con iniciativa y liderazgo, capaz de “mover a México”.

Sin embargo, lo que no se va a decir en el Informe de Gobierno, ni con la avalancha de cifras, es todo aquello en lo que no hemos logrado avanzar, aquello en lo que incluso hemos experimentado un retroceso.

La reducción de las expectativas de crecimiento económico, o el hecho de que la violencia aún es una constante en nuestra sociedad son temas que, en el mejor de los casos, quedarán en los planes futuros del presidente.

Pero más allá de las cifras, hay una cuestión de fondo que es más importante que el hecho de que la tasa de secuestros denunciados haya aumentado o disminuido, y que se relaciona con el funcionamiento del sistema político mexicano.

Desde su llegada al poder, Enrique Peña Nieto ha puesto en evidencia que quiere un sistema centralizado con un presidente fuerte y una ciudadanía mínima. Si observamos los procesos de aprobación de las leyes en los últimos meses, podremos percatarnos de que el titular del Ejecutivo decide qué se legisla, cómo se legisla y cuándo se legisla. La oposición ha jugado un papel de comparsa y, salvo excepciones, cuando ha intentado frenar o modificar algunas de las iniciativas presidenciales, ha sido demasiado tarde.

A ello hay que sumar los espacios en donde el gobierno federal adquiere un papel protagónico a la hora de implementar las diferentes reformas (por ejemplo, en materia energética o en la de telecomunicaciones), dejando una cierta sensación de que volvemos a los viejos tiempos del hiperpresidencialismo.

Por si esto fuera poco, a pesar de los discursos políticos, los espacios generados para los ciudadanos todavía son mínimos, pues aunque han surgido figuras como la iniciativa ciudadana o las candidaturas independientes, éstas continúan restringidas por demasiados candados o requisitos para que puedan concretarse en una realidad.

Por último, no debemos olvidar que nuestro problema no se relaciona con una falta de reglas, sino con su cumplimiento. No tenemos los mecanismos claros para hacer que las reglas se acaten, ni para castigar a quienes no lo hagan. Y en esto particularmente, no hemos avanzado nada en el actual sexenio.

Mientras tengamos un sistema que se base en la impunidad, pese a la creación de múltiples reformas políticas, energéticas o fiscales, seguiremos enfrentando los mismos problemas de desafección, hartazgo y descontento de unos ciudadanos que siente que su clase política vive y toma las decisiones a sus espaldas.