Este miércoles 8 de octubre la indignación y el hartazgo se hicieron presentes en muchas ciudades del país y algunas otras alrededor del mundo. Más de 130 organizaciones civiles participaron en una jornada de protesta por los terribles hechos ocurridos en Ayotzinapa, municipio de Iguala, Guerrero, donde tres jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de ese pueblo, además de otros tres ciudadanos, fueron asesinados por elementos de la policía municipal, en franco contubernio con un grupo criminal.
Lo que más preocupa es la desaparición de 43 estudiantes, de los cuales no se sabe nada. La comunidad nacional e internacional ha estado presionando al gobierno federal y estatal para que esclarezca los hechos, sin embargo no ha habido una respuesta atinada de parte de las autoridades.
Se trata del «hecho más grave en materia de violación de derechos humanos desde la matanza de Tlatelolco», ha señalado la organización Human Rights Watch-México (HRW). Desde el 26 de septiembre que se sucedieron los hechos y se denunció la desaparición de los jóvenes, la reacción de las autoridades ha sido «tibia», lo que deja ver la falta de compromiso en la resolución de este hecho. «Hay un doble discurso que preocupa, de parte del gobierno federal», señalan organismos de defensa de derechos humanos.
«La magnitud de la crisis de derechos humanos en materia de seguridad y justicia es enorme, y se arrastra desde hace años. Las autoridades no ha respondido a las promesas y sigue actuando con el mismo patrón: minimizar los hechos y sólo reacciona cuando hay una protesta mundial», con en el presente caso.
Preocupación de los obispos de Guerrero
Los obispos de Tlapa, Ciudad Altamirano, Chilpancingo – Chilapa y Acapulco, expresaron, casi de inmediato, su preocupación ante los hechos violentos que tuvieron lugar en Iguala y que «manifiestan una grave situación socia»l que ya ha desencadenado una crisis política.
Los pastores de la provincia eclesiástica de Acapulco expresaron su «preocupación por el alcance mortal de las acciones violentas del crimen organizado a lo largo y ancho del estado de Guerrero, pero ahora nos causa desconcierto el hecho de que las fuerzas policiacas del municipio de Iguala hayan protagonizado una acción violenta en la que resultaron muertos tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y otros tres más como resultado de una agresión a un autobús que transportaba a un equipo de futbol. Y lo que preocupa más en este momento, es la suerte de 43 estudiantes normalistas desaparecidos, según los últimos datos recabados, cuyas familias están viviendo una dolorosa zozobra, al tiempo que se acumula enojo e indignación en la sociedad».
Los obispos se han querido solidarizar con las familias de los asesinados y de los desaparecidos y han manifestado su cercanía. «Oramos por los difuntos, por los desaparecidos, por sus familias y por todas más víctimas de la violencia. Al mismo tiempo, estamos dispuestos a colaborar con las autoridades en acciones que lleven a mejorar las condiciones de vida de los pueblos guerrerenses, condiciones que hagan posible la paz y la justicia».
A la vez han pedido a la sociedad que se haga presente con iniciativas que promuevan la reconciliación mediante el perdón, el reconocimiento de la verdad y el diálogo a tiempo y a destiempo. «El respeto a la vida tiene que ser inspirado en las familias, en las escuelas y en todos los espacios de la sociedad».
