Por Felipe de J. Monroy, Director Vida Nueva México |
Crece la inquietud pero también la ilusión. Este 5 de febrero se presenta el proyecto de una amplia consulta popular para que los mexicanos propongan, redacten y aprueben un nuevo marco legal para el país. Para la difusión de esta iniciativa se ha elegido como espacio la frontera de los servicios de mediación social, educativa, religiosa, política y cultural; la fecha, sin duda, alude al 98 aniversario de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos cuya estructura rige el orden público del Estado nacional desde 1917. Digo estructura -espíritu, dirían los puristas- porque las múltiples reformas que en las últimas dos décadas se han hecho sobre sus preceptos y artículos, han deformado el rosto y el cuerpo mismo de la ley, la cual muchas veces opera en contra de los intereses comunes y únicamente a favor de reducidos grupos privilegiados por el poder y el dinero.
¿Serán necesarias nuevas leyes? ¿O es que apremia más un cambio de actitud, una madurez ciudadana frente a la responsabilidad que se le confiere a través de la democracia? Si así fuera, ¿basta con una buena actitud? ¿O es que se han vuelto urgentes propuestas alternativas de un nuevo pacto social? En todo caso, tanto el cambio de actitud como el cambio de la ley hablan de una necesidad de revertir los agujeros negros donde cae, para perderse, el sentido del bien común en el país.
En la reforma de las actitudes -tan mencionada por el papa Francisco- parecería que el discurso es suficiente para marcar la falla, corregir fraternalmente y continuar en el camino para la reconciliación y el desarrollo. Pero no. Faltan los verificativos de que objetivamente se ha operado bajo una nueva actitud.
En la gestación de una nueva ley parecería que los deseos de la pluralidad nacional son suficientes para erradicar, de una vez por todas, los fenómenos de la impunidad, corrupción y arribismo. Pero no. Hay corazones suficientemente contaminados para torcer la más noble y útil legislación en su beneficio propio.
Es así pues, que no se puede minimizar este deseo positivo de que un cuerpo de leyes populares, blindadas de intereses mezquinos, pueda garantizar los mínimos de justicia, convivencia y subsidiariedad; pero, mismo tiempo, no se puede subestimar el potencial de la libertad que hace del ser humano la más singular de las creaturas.
Hay que aceptar que el tiempo y la experiencia de la práctica en la legislación mexicana han operado de manera ‘correctiva’ sobre las inobservancias de la ley; y que ha sido la costumbre y la actitud las que ya han deformado una legislación que se consideró entre las más populares, sociales y aventajadas en el tema de derechos comunitarios en la historia del mundo.
Algo de razón tienen ambas posturas: es necesaria la conciencia de un nuevo sujeto comunitario cuya aspiración sea la legítima representación de sus más altos deseos en la construcción de un país que anhela justicia y legalidad.
