Hace dos años la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la construcción de un canal interoceánico, similar al de Panamá, para unir los océanos Atlántico y Pacífico. La obra ha quedado en manos de un consorcio chino que se ha comprometido a tenerlo listo en diez años; los derechos exclusivos para la empresa serán de 50 años, extendibles a otros 50.
Pero el megaproyecto del canal interoceánico ha generado gran debate en Nicaragua y en la región. Analistas señalan que un canal de este tipo podría beneficiar a China de la misma manera en que el Canal de Panamá benefició a Estados Unidos a principios del siglo XX, en un momento de agresiva expansión comercial y política y cuando empezaba a emerger como potencia mundial.
Sobre todo, los opositores a la obra señalan el impacto negativo irreversible a nivel ecológico que el canal tendrá en la zona.
En estos días miles de personas se concentraron desde distintos puntos del país a la ciudad de Juigalpa, a unos 140 kilómetros al este de la capital Managua, para participar en una marcha en contra del canal.
Los manifestantes han colocado en primer plano el tema de la salinidad del lago Nicaragua. El lago es el embalse más grande del país y es hogar de una rica fauna acuática: con la construcción del canal, se usaría longitudinalmente. A pesar de ser un tema incluido en el estudio presentado por HKND Group, la empresa responsable del proyecto, la opinión pública y algunos estudiosos han cuestionado cuanto se afirma en el proyecto.
Iglesia católica: falta transparencia en la información
El problema de fondo ha sido manifestado por el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, y se refiere a la falta de transparencia por parte del gobierno sobre el proyecto completo, que el gobierno en los últimos meses se ha preocupado de presentar como un “proyecto nacional”.
Báez ha afirmado: “Con respecto al proyecto del Canal como algo Nacional, en este momento no lo es, porque en realidad, en principio el pueblo no ha participado en la toma de la decisión”. También ha criticado el hecho de que hasta ahora no se haya hecho público el contenido de los estudios sobre el impacto ambiental, que se han presentado a la comisión del Gran Canal. “El secretismo nunca es bueno en una gestión gubernamental. Mientras más transparente es un gobierno es más democrático” ha reiterado Mons. Baez.
Según los datos recogidos por la Agencia Fides, el gobierno de Nicaragua se comprometió a analizar los 14 volúmenes presentados sobre los “Estudios de Impacto Ambiental y Social ” en un período de 120 días, pero todavía no se sabe nada al respecto.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua en varias ocasiones ha expresado su preocupación por el desplazamiento de la población afectada por el proyecto y por el impacto sobre el medio ambiente.
