Por Benjamin CUELLAR │ Radio YSUCA – El Salvador │
El gerundio del primer verbo se utiliza en México; el del segundo, en El Salvador. Son sinónimos, así que da igual cuál se utilice para ilustrar lo que pasa en ambos países. Tanto en el primero como en el segundo –la “región más transparente” y el “Pulgarcito de América”, respectivamente– sus poblaciones en condiciones de alta vulnerabilidad son víctimas que se hunden, batiendo manos y piernas, en las aguas negras de la impunidad institucional. Esa lacra que protege, sobre todo, a altos criminales de “cuello blanco” o vestidos de “verde olivo”.
Allá, en la tierra de Carlos Fuentes, el “Chapo” abrió la “chapa” de su prisión y se “hizo humo” para esfumarse ante las narices de sus celadores. Acá, en la patria de Julio Enrique Ávila, célebres delincuentes no necesitan excavar cuando tienen líos con la justicia; salen por donde entraron: por la puerta sin llave y sin custodia respetable, de un sistema tullido y por demás patético. Que hay excepciones allá y acá, las hay; pero la regla general es la parcialidad para favorecer a poderosos intocables. Lo peor de todo es que son “campeones”.
Sin una onza de vergüenza, funcionarios de alto nivel salen con unas explicaciones que –si no se tratara de algo tan grave y deplorable– provocarían sonoras carcajadas. Pero no. Lo que generan es cólera e indignación. Dos ejemplos de ello. El primero: las declaraciones del secretario de Gobernación mexicano, Miguel Ángel Osorio, tras la reciente fuga de Joaquín Guzmán. El alto integrante del equipo más cercano de Enrique Peña Nieto, objetado mandatario del país del norte, estaba en Francia cuando desapareció el jefe del “cartel de Sinaloa”; era parte de una “pequeña” comitiva oficial de casi ciento cincuenta personas celebrando el día nacional de esa nación. A su forzado y apurado regreso a México, Osorio declaró que “el Chapo” se les fue de las manos por culpa de “los protocolos de derechos humanos dentro de los centros penitenciarios de máxima seguridad”, que exigen respetar la intimidad de las personas detenidas. ¡Ve que bonito! Es cierto que hay un par de espacios en las celdas que el “ojo visor” del circuito cerrado, instalado en esos penales, no ubica para no exhibirlas haciendo sus necesidades y bañándose. Pero el mismo funcionario se contradijo más adelante, en la primera conferencia de prensa que brindó tras la escapatoria, al reconocer que “el hoy prófugo de la justicia” contó con la colaboración de miembros del personal del reclusorio. Y en eso, obviamente, no tienen nada que ver “los protocolos de derechos humanos”. Por mucho que hubiera fingido ir a hacer “del uno”, “del dos” o a ducharse, Guzmán no habría salido sin comprar voluntades y conseguir la participación decisiva de empleados y funcionarios, dentro y fuera de la “jaula de oro” que habitaba. Igual pasó hace casi años. Cuando se escabulló por primera vez, estando en la cárcel federal Puente Grande, nadie alegó que “los protocolos de derechos humanos” tenían algo que ver. Se escabulló entre sábanas y ropa sucia en un carrito de lavandería, empujado por alguien que trabajaba en dicha cárcel.
Tiene toda la razón, entonces, Amnistía Internacional. Esta importante organización le mandó públicamente a Osorio, este corto y directo mensaje: “Señor secretario de Gobernación, los derechos humanos no son un factor en la fuga de criminales, sino la corrupción endémica del sistema de seguridad.
Más claro e ilustrativo, fue don Raúl Vera. El desde hace años obispo de Saltillo y antes sucesor de don Samuel Ruiz en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, califica la odisea de Joaquín Guzmán como una fuga “prepago”. Este fraile de la Orden de Predicadores, el querido “Raulito”, pide para la cabeza del “cartel de Sinaloa” un monumento. Ello porque –según el pastor– todos los defensores de los derechos humanos hacemos lo posible por mostrar la corrupción de la institución política mexicana y ‘el Chapo’ magistralmente lo logra […] De un plumazo y de manera transparente demuestra el tamaño de la corrupción del Estado mexicano”.
El otro ejemplo de la desfachatez institucionalizada a la hora de enfrentar críticas o propuestas que incomodan, se encuentra acá en El Salvador. Es el caso de la posición oficial ante la “sugerencia” que, hace unos días, hizo Thomas Shannon sobre crear acá una entidad similar a la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala. La hoy afamada CICIG ha puesto a temblar y ha metido a la cárcel a no pocos “peces gordos” que, tan campantes, nadaban tranquilamente en el mar de la corrupción en el hermano país. Pero en este, han dicho desde casa presidencial y desde la cúpula del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, no es necesaria una versión guanaca de la misma.
Eugenio Chicas, aquel “Marquitos” de la guerrilla hoy reciclado como secretario de Comunicaciones en el Ejecutivo, replicó hablando de apertura al diálogo y los intercambios de experiencias; pero de “intervenciones en ese sentido”, nada. El vocero presidencial dijo que ni constitucional ni políticamente existía espacio para eso, que solo funciona “en países que han perdido su institucionalidad o cuentan con instituciones muy débiles”. Acá –señaló Chicas tan tajante y convencido, que hasta pareciera que él mismo se la cree– “tenemos una institucionalidad derivada de los acuerdos de paz que nos ha permitido contar con los resortes, los mecanismos, los soportes institucionales, para resolver nuestros propios problemas”. “Por lo tanto, –machacó “Marquitos”– este gobierno descarta la posibilidad de solicitar algún mecanismo de intervención ya que consideramos contar con la institucionalidad suficiente, con los mecanismos constitucionales suficientes, para poder resolver nuestros propios problemas”
O sea que, ateniéndose a lo anterior, la Fuerza Armada está metida en tareas de seguridad pública exactamente desde hace veintidós años, no porque la Policía Nacional Civil no pueda con el encargo. ¡No, por Dios! Es, más bien, una especie de dama de compañía en la que –eso sí– hay que invertir millones y millones de dólares para que se desempeñe como tal. De esos alegatos oficiales, también se colige que la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial actuaron con debida diligencia y apego a la legalidad cambiando la calificación del delito –en el tan llevado y traído caso “CEL-Enel”– de peculado a peculado por culpa, sabiendo que la responsabilidad penal por el segundo ya se había extinguido, debido a la prescripción.
La sangre derramada por las mayorías populares salvadoreñas antes, durante y después de la guerra, junto al hambre estructural que han padecido y padecen, tienen que ver con la impunidad que permite y hasta premia la corrupción. Pero, ante eso, Medardo González le dijo “quitá diay” a su “camarada” Chicas. Sin duda, el ex comandante “Milton” se lleva el premio. Para él, la chapinada está peor. “No es comparable”, dijo, la situación guatemalteca con la salvadoreña. ¿Perdón? ¿Y por qué hay que comparar? Se está bien o se está mal acá, es la pregunta a responder por encima de lo que pase en otros lados. Porque “mal de muchos, consuelo de tontos”. Y la bisoña presidenta de la Asamblea Legislativa, no quiso quedarse atrás. “Traer intromisión extranjera en asuntos tan delicados como la administración de justicia –aseguró Lorena Peña– no es lo más adecuado, si tenemos instituciones fuertes surgidas de los acuerdos de paz que debemos de ir perfeccionando”. “Déjà vú” duro y puro, solo que con distintos protagonismos.
La Misión de Observadores de la Organización de las Naciones Unidas para El Salvador –aquella ONUSAL instalada en el terreno hace casi cinco lustros– fue considerada por una derecha recalcitrante y troglodita como “afrenta a la soberanía nacional”; como una indebida “injerencia foránea” que todo “buen salvadoreño nacionalista que amaba a su Patria” debía rechazar. Algo parecido pasó con la Comisión de la Verdad. Hoy son los jerarcas de una maquinaria electorera que, al parecer sin rumbo, dirige al país disfrazada de “izquierda”. Ciertamente, señor González, la situación de Guatemala no es comparable con la de El Salvador: allá no hay cacería de policías, fiscales y soldados; allá están juzgando a una vicepresidenta obligada por la sociedad a renunciar y juzgaron a un general genocida. Penosamente sí, no es comparable.
