Por Antonio MAZA PEREDA | Red de Comunicadores Católicos |
Justamente en estos días vi en un letrero electrónico advirtiendo a la ciudadanía que está prohibido insultar a la autoridad. Supongo que es una campaña para dar a conocer el contenido del nuevo reglamento de tránsito del Gobierno del Distrito Federal. El tema, sin embargo, me puso a reflexionar. Si estoy equivocado y este ordenamiento forma parte de nuestra Constitución, estoy y estamos en graves problemas.
No es que yo tenga muchas ganas de insultar a las autoridades. Pero lo que me preocupa es el intento de silenciar a la ciudadanía cuando quiere expresar su desacuerdo con alguna autoridad. Porque, en principio, no es fácil definir qué cosa es un insulto. La Real Academia Española defineinsultar como: Ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones. Lo cual nos pone en grave predicamento. ¿Quién define lo que es ofender? A partir de esta descripción, la definición de lo que es insultante depende de los sentimientos que tenga el supuesto ofendido. Bastaría que yo, si fuera autoridad, dijera que las palabras, las acciones o los escritos de cualquier ciudadano me estuvieran provocando o irritando, para que esa persona o institución cayera en una falta contra ese reglamento y fuera sujeto de una sanción.
Da la impresión de que nos encontramos ante un intento, apenas velado, de silenciar a la ciudadanía. Es un claro atentado contra la libertad de expresión, desde el momento en que no se establece con claridad dónde empieza y dónde termina el concepto de insulto. Pongamos algunos ejemplos: si yo le digo corrupto a un policía que me está pidiendo «mordida», el policía me podría acusar de insultos, porque se sintió ofendido e incluso irritado por lo que yo le dije. En otro ámbito, si yo le dijera inepto a algún funcionario público, es decir, a una autoridad, estaría yo cayendo en el ámbito de las conductas prohibidas y sería sujeto a sanciones. Ya hemos tenido el caso de algún senador de la República que ha intentado prohibir que en las redes sociales se ataque a los funcionarios públicos, con la sana intención de poner una mordaza no sólo los medios en particular sino a la ciudadanía en general.
Me parece algo muy grave. Nuestras autoridades quieren volver a los tiempos del virreinato, o posiblemente a épocas aún anteriores, donde las autoridades eran sagradas e intocables y no era posible decirles que no estaban funcionando. No cabe duda de que nuestra clase política, misma que aprueba reglamentos como el que estamos comentando, no está ni siquiera en los balbuceos de lo que significa ser una autoridad democrática.
Desgraciadamente, este reglamento ya está aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y está en vigor. No es fácil echarlo atrás. Y, dada su intención antidemocrática, es muy difícil lograr enmendarlo. Habría que hacer un listado de las palabras altisonantes que deberían considerarse como insultos. También habría que hacer un listado de adjetivos que califican la actuación de las autoridades y que pueden ser usados sin que se consideren insultos, por ejemplo: inepto, corrupto, descuidado, impreparado, inadecuado para su puesto, dictatorial, antidemocrático, autoritario, y otros muchos más qué, de acuerdo a la definición de lo que significa un insulto, podrían provocar o irritar a nuestras beneméritas autoridades.
En pocas palabras: las autoridades, en lugar de ganarse el aprecio y el reconocimiento de la ciudadanía, prefieren silenciar las justas críticas y las observaciones que los ciudadanos pueden y deben hacer a los funcionarios públicos que no están a la altura en de los requerimientos de los puestos que ocupan. Una pésima señal.
De manera qué, de ahora en adelante, la ciudadanía tendremos que ser particularmente cuidadosos y delicados para no ofender las sensibilidades de las autoridades, las que han demostrado ampliamente que tienen la piel muy delgada y a las que les molesta cualquier observación que se les haga, independientemente de lo justificada que pueda ser. Porque, con toda probabilidad, muchos se van a decir insultados.
Ni modo. Un clavo más en la tapa del ataúd que la clase política está construyendo para sepultar nuestras libertades y nuestra recién conquistada democracia. Y, tristemente, los medios formales, los que se dicen opinión pública y en realidad son sólo la «opinión publicada», han permanecido sospechosamente callados en este tema. Un ejemplo más de lo que nos espera si la lucha contra la democracia que han emprendido las diversas izquierdas y en algunos casos las derechas, no es detenida.
