Por Antonio MAZA PEREDA | Red de Comunicadores Católicos |
El proceso para establecer una nueva constitución en la Ciudad de México es avalado por un proceso legal. Sin embargo, hay una serie de circunstancias que ponen en duda su legitimidad, por varios vicios en su génesis y en su procedimiento.
El punto no es sencillo. El que una determinación esté avalada por las leyes no necesariamente la convierte en un acto legítimo. La legitimidad en la actuación de los mandatarios la reciben del convencimiento de la ciudadanía de que están siendo correctamente representados y que actúan de acuerdo a las necesidades y los deseos de los que se supone están representando.
El tema de una constitución para la Ciudad de México había estado durmiendo «el sueño de los justos» en el Congreso. Cuando se anunció que se aprobaba el proceso para su elaboración y eventual promulgación, no hubo una respuesta de la ciudadanía. No se vivió, como podría imaginarse, un entusiasmo ciudadano al sentir que sus derechos -finalmente- habían sido reconocidos. No es exagerado decir que la ciudadanía no le podía haber importado menos. Entre los muchos pendientes que han dejado en la Ciudad una amplísima lista de gobernantes, el de tener una constitución ocupa, en sus prioridades, los últimos lugares.
Por otro lado, si se hace una encuesta seria a la población de la Ciudad de México, es un hecho seguro que la inmensa mayoría no se siente representada ni por el gobierno de la Ciudad ni por la Asamblea Legislativa de la misma. Lo cual agrava la sensación de ilegitimidad de los actos de gobierno, sin que la elaboración de la nueva Constitución sea una excepción.
El proceso de crear un proyecto se ha mantenido en un secreto bastante profundo, pero hay algunos datos que se han filtrado y que avalan lo que antes mencioné. Se dice que para la votación para elegir a una parte de los Constituyentes, se espera un abstencionismo del 85%. Esto, suponiendo que se abran todas las casillas para votar. Se dice que en el 50% de las casillas no se ha podido nombrar ni siquiera al presidente de la misma, no digamos los otros funcionarios que deben participar en el proceso. Lo que hace suponer que el abstencionismo podría ser aún mayor. Pero, aun suponiendo que se puedan abrir todas las casillas, bien puede pasar que la mitad de ese 15% que va a votar, supongamos un 8% del electorado, le podrá imponer sus puntos de vista al 92% del electorado existente.
Por otro lado, el grupo de autonombrados “Notables”, grupo notoriamente faccioso que sólo ha admitido a miembros de una corriente ideológica con exclusión de los representantes de otras maneras de pensar, están trabajando en riguroso secreto en el proyecto de Constitución, sin permitir que la ciudadanía pueda debatir sus propuestas, que es de temer que serán claramente sesgadas en el sentido de sus preferencias ideológicas. Nada nuevo: la izquierda mexicana que se las da de incluyente, pierde las ganas de incluir cuando tiene que presentarse en un debate público con proponentes de otros puntos de vista. Y esto no es la primera vez que ocurre. Las «consultas ciudadanas» que han hecho estos gobiernos a lo largo de más de dos décadas han sido auténticas farsas, sin controles ciudadanos, sin posibilidades de asegurar que los resultados que se publican sean fidedignos. Muchas veces llevadas a cabo mediante encuestas elaboradas a modo y llevadas a cabo por empresas que son designadas para este trabajo sin seguir la formalidad de un concurso público. Lo cual lleva a suponer que le deben el trabajo al gobierno de la Ciudad y que, es de temerse, no presentarán resultados diferentes a los que desean sus empleadores.
De lo poco que se ha sabido, los rumores son en el sentido de que se están tratando de incorporar como derechos constitucionales el derecho a obstruir la vialidad por razones políticas, sin importar los derechos de las mayorías ni la salud de los habitantes de la Ciudad. También se teme, porque ya ha habido una declaración al respecto, que se vuelva un derecho constitucional el «paracaidismo», la ocupación ilegal de predios que tienen propiedad privada y cuyo derecho se pretende anular pretextando «motivos sociales». Una táctica muy común de muchos líderes populistas y que ha sido extraordinariamente rentable tanto políticamente como económicamente. Todo ello a espaldas de la ciudadanía y sin exponerse a un debate público.
Es claro que el grupo en el poder en la Ciudad de México está empujando una agenda legislativa que no corresponde a las demandas de la mayoría de la población sino a las de minorías con fuerza política y que contribuyen a crear la imagen de «progresismo» y de «ciudad social» como está promoviéndose el gobierno de la Ciudad mediante anuncios en toda la misma. Como si pudiera haber ciudades que no fueran sociales. Pero el tema de la ignorancia de algunos sectores no es lo que nos ocupa.
Por otro lado, y para añadir mayores motivos a las sospechas de la ciudadanía, una parte importante de los constituyentes no serán elegidos sino nombrados por los partidos políticos, de acuerdo con la fórmula misteriosa, un algoritmo poco conocido, que no deja claro cuáles son los motivos para que cada cual tenga un grado de participación. Lo cual deja el proceso de construcción de la Constitución en manos de los políticos y no de los ciudadanos. Sí, es cierto que se van a permitir candidatos independientes. Pero dados los mecanismos que están previstos, será muy sorprendente que haya más de dos o tres representantes independientes en el Congreso constituyente que tendrá 100 miembros.
Además, los tiempos que se dan para discutir algo tan serio como la Constitución se han definido con un criterio de tipo propagandístico. Habrá que festinar la discusión de manera que la nueva Constitución se deba de promulgar el 5 febrero 2017, de modo que sirva para celebrar los 100 años de la Constitución Federal que hoy nos rige. Si hay diferendos importantes, si hay cosas que requieran mayor análisis, habrá que evitar su discusión o manejarlos mediante el conocido «fast track”, la vía rápida mediante la cual se aprueban muchos caprichos de los políticos, también llamada la «legislación al vapor». O por “mayoriteo”.
Y todavía falta por ver el contenido. Una constitución moderna debería de ser corta, muy clara, con postulados muy precisos y que no se presten a la discreción y a la interpretación abusiva. Debería contener fundamentalmente derechos (que en su mayor parte son los de la ciudadanía) y obligaciones (que en su mayor parte deberían ser de los gobernantes). Deberían atender las grandes inquietudes de los ciudadanos, como por ejemplo conceptos constitucionales contra la corrupción, tema que no ha pasado por las mentes de nuestros «notables», mientras les parece muy importante legislar derechos para minorías olvidando que las mayorías, por lo menos en un sistema democrático, también tienen derechos y que, en caso de conflictos de derechos y obligaciones, la constitución debe de establecer los mecanismos para dirimir las diferencias.
¿Qué es mucho pedir? Puede ser que usted tenga razón. No podemos esperar mucho de los “notables” ni de los constituyentes. O de los políticos, si a esas vamos. Ante el poder que se han asignado a espaldas de la ciudadanía, estamos desarmados. Debería someterse esa Constitución a un referendo, después de un amplio debate público que permita a la ciudadanía tomar una decisión informada.
Si no se hace esto, claramente tendremos una Constitución. Lo que no tendrá tal constitución, será la legitimidad que sólo la ciudadanía puede dar.
