Por Fernando PASCUAL |

 

Hay derechos que son fundamentales para la convivencia. Defenderlos resulta un deber irrenunciable. Pero nunca será correcto recurrir a la violencia sobre inocentes bajo la bandera de promover tales derechos.

Lo anterior parece obvio. Sin embargo, ante huelgas salvajes, ante violencia gratuita en manifestaciones que dicen promover la justicia, constatamos cómo en nombre de algunos derechos se va en contra de otros derechos.

Un Estado auténticamente justo no puede tolerar ninguna violencia sobre inocentes. Por lo mismo, son necesarias acciones concretas de la policía y de los jueces contra piquetes violentos, contra quienes agreden a trabajadores que tienen el derecho de no apoyar una huelga, contra quienes destruyen coches o ventanas de personas inocentes.

La sociedad tiene que plantar cara a tantas actuaciones violentas que se amparan y “justifican” en el derecho a la huelga, a la manifestación, a la protesta. Nunca una causa buena debería dar “derechos” para pisotear la salud física o los bienes de otros.

Por eso causa rabia constatar la impunidad de ciertos grupos agresivos, amparados muchas veces por partidos políticos, movimientos sociales, sindicatos o periodistas, que no hacen nada por impedir la violencia de tales grupos.

Además, si un sindicato o una asociación quieren, de verdad, promover la justicia y los derechos, tienen que contrarrestar con firmeza cualquier comportamiento agresivo, aunque sea cometido por algunos de sus miembros o simpatizantes.

El mejor camino para vencer tantos males de nuestro tiempo está en la defensa de los débiles y los marginados con métodos que respeten la convivencia de todos.

Solo entonces los promotores de protestas legítimas serán capaces de defender los derechos de los grupos más vulnerables al mismo tiempo que tutelarán la paz pública y los bienes de todos aquellos hombres y mujeres que conviven en una misma ciudad y bajo unos mismos derechos fundamentales.