El PNUD ha publicado su informe mundial de desarrollo humano 2016, cuyo hilo conductor es “Desarrollo humano para todos”. De nuevo, este benéfico profeta laico —como don Pedro Casaldáliga llamó al PNUD hace unos años— nos pone ante lo importante de la realidad y sus desafíos. Desde la perspectiva del desarrollo humano, se habla de la necesidad de posibilitar un mundo en el que todas las personas tengan libertad para desarrollar plenamente su potencial, a fin de lograr aquello que consideren valioso. En esa línea, dos aspectos se enfatizan en el documento. En primer lugar, el desarrollo humano para todos debe empezar por los más rezagados; y, en segundo lugar, debe ser participativo, es decir, el involucramiento de la población debe ser esencial y definitorio. Dicho en palabras del informe, el desarrollo “es de las personas, por las personas y para las personas”.
Hay aquí una perspectiva esperanzadora en la concepción del tema. Para el PNUD, hay que pasar de perseguir la opulencia material a mejorar el bienestar humano, de maximizar los ingresos a aumentar las capacidades, de optimizar el crecimiento a ampliar las libertades. Pasar, en definitiva, de centrarse solo en las riquezas de las economías para potenciar la riqueza de la vida humana. Desde estos criterios se analizan críticamente los avances, exclusiones y desafíos que, sobre esta materia, tienen los 193 países miembros de la ONU, comprometidos con la Agenda 2030, orientada a que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medioambiente saludable.
El informe registra progresos importantes: más de 1,000 millones de personas salieron de la pobreza extrema, 2,100 millones obtuvieron acceso a saneamiento mejorado y más de 2,600 millones, a una fuente mejorada de agua potable. A los logros se agrega también el hecho de que hoy día la población es más longeva, hay más niños y niñas que van a la escuela, y un mayor número de personas tiene acceso a servicios sociales básicos. Sin embargo, el estudio constata que el progreso ha pasado por alto a grupos, comunidades y sociedades, donde las carencias humanas persisten.
Los datos siguen siendo alarmantes : una de cada nueve personas en el mundo padece hambre y una de cada tres, malnutrición; en todo el mundo mueren al día 18,000 personas debido a la contaminación atmosférica; en promedio, 24 personas por minuto se ven desplazadas forzosamente de sus hogares; más de 370 millones de personas que declaran ser indígenas sufren discriminación y exclusión en el marco jurídico, en el acceso a la educación en su propio idioma y en el acceso a la tierra, el agua, los bosques y los derechos de propiedad intelectual; se calcula que más de 1,000 millones de personas viven con alguna forma de discapacidad y están entre las más marginadas en la mayoría de sociedades; en la actualidad, 244 millones de personas viven fuera de su país de origen, la mayoría son refugiados que tienen la esperanza de mejorar sus medios de vida y enviar dinero a sus hogares, pero muchos migrantes, especialmente los 65 millones de desplazados del mundo, se enfrentan a condiciones extremas, como la falta de empleo, ingresos y acceso a servicios sanitarios y sociales.
Y un dato escandaloso que tiene que ver mucho con estas carencias: el 1% de la población mundial posee el 46% de la riqueza. La acumulación y concentración de los bienes de capital, consecuencia de los modelos de desarrollo excluyentes, son causa primordial del empobrecimiento de muchos.
Ahora bien, uno de los cuatro ejes que propone el PNUD para hacerle frente a la condición de los grupos marginados y vulnerables es el empoderamiento, entendido como un proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo, para impulsar cambios positivos en las situaciones en las que viven. Según el informe, hay que empoderar a los excluidos defendiendo los derechos humanos, asegurando el acceso a la justicia, fomentando la inclusión y garantizando la rendición de cuentas.
La primera condición necesaria para el empoderamiento es el trabajo de instituciones nacionales de derechos humanos, sólidas, con capacidad, mandato y voluntad de hacer frente a la discriminación y garantizar la protección de los derechos humanos. El acceso a la justicia es la segunda condición, y está relacionada con la posibilidad de solicitar y obtener reparación a través de instituciones judiciales formales o informales. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de tomar y echar a andar las decisiones.
La tercera condición busca revertir las consecuencias de una globalización desigual que ha fomentado el progreso de algunos sectores de la población, dejando fuera a los pobres y los vulnerables. De ahí que se plantee un paradigma incluyente de desarrollo, que expanda las capacidades de la gente, los bienes y servicios, así como la satisfacción de las necesidades básicas. El cuarto mecanismo de empoderamiento, considerado esencial para que el desarrollo humano llegue a todos y se protejan los derechos de los excluidos, es la rendición de cuentas. Para los autores del informe, un instrumento clave para lograr este cometido es el derecho a la información. Este derecho exige la libertad de usar esa información para formar opiniones públicas, exigir responsabilidades a los Gobiernos, participar en la toma de decisiones y ejercer el derecho a la libertad de expresión.
En definitiva, el desarrollo para todos pasa ineludiblemente por el empoderamiento de los excluidos.
