Con fiscales más o fiscales menos, a los mexicanos nos gusta perseguir criminales o, al menos, nos calma la conciencia hacer ‘justicia’ a fuerza de tuitazos. Cada cierto ciclo, si no son narcotraficantes o capos del crimen organizado, son exfuncionarios corruptos o personajes públicos con cuitas de cuestionable moralidad. Y, si bien, la procuración de justicia, la reparación de los daños o el castigo de criminales son acciones indispensables para mantener equilibrios sociales; es un hecho que no cambian aquellas relaciones de control y progreso necesarias para construir una mejor ruta.
Cuando el presidente Enrique Peña Nieto dijo en el foro Impulsando a México que la sociedad “siempre quiere encontrar un responsable o un culpable” tenía razón; sin embargo, no se le puede regatear al respetable ese deseo cuando existen tantos problemas que exigen satisfacción. Donde Peña se equivoca completamente es en definir “al culpable perfecto”; el ejecutivo deslizó la idea de que el enemigo que la sociedad persigue es “la corrupción”. Como si “la corrupción” fuese un individuo y no la cultura que se ha impregnado en cada rincón de nuestras relaciones con el poder y el dinero. La corrupción no es una esencia, es un conjunto de actos realizados por personas concretas de cualquier gobierno, partido, filiación o ideología; y, como se ha demostrado ampliamente, hasta los accidentes o los fenómenos naturales, afectan más y dejan peores secuelas en los más vulnerables cuando aparece algún acto de corrupción.
Con su queja, Peña Nieto involuntariamente normaliza esos actos corruptos, minimiza y desprecia el poder que sus funcionarios (y también sus detractores) han logrado mediante actos de corrupción. Y, con todo, realmente no se espera que entre los políticos y funcionarios exista esta superior reflexión filosófica, pero sí es derecho de la sociedad cuestionar a sus representantes cuando en sus alocuciones defienden la normalización de la corrupción o cuando se preocupan más por el culebrón noticioso de perseguir delincuentes que por los reajustes en el camino hacia el progreso.
El pasado 24 de octubre, la asociación Gestión Social y Organización (GESOC) presentó su Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales de 2017 el cual confirma la tendencia de que 8 de cada 10 programas federales orientados al desarrollo social tienen problemas de desempeño o se realizan en condiciones de opacidad. Esto es, más del 80% de los 870 mil millones de pesos que el Estado invierte en programas de desarrollo social no está resolviendo los problemas para los que fueron creados. GESOC afirma que, en el sexenio de Peña, el 53.8% del total de los presupuestos aprobados se dirigieron a programas que mostraron un bajo desempeño.
Por supuesto hay responsables de que toda esa inversión social no beneficie a la gente y, muy probablemente haya actos de corrupción que deben ser castigados; sin embargo, GESOC no pretende que este sea juego de policías y ladrones: La caja negra del gastro social son esos programas que ni siquiera identifica a la gente que dicen beneficiar. El caso del ISSSTE es paradigmático: la institución de salud en toda su red de cobertura médica no tiene datos del universo de población a la que debe atender ni reportes de toda la población atendida. En estos casos es donde la corrupción es la brutal estocada a un sistema agonizante. Sin datos y sin eficiencia de los servicios no hay modo en que los directivos de la institución proyecten mejoras, ni planes, ni nada útil.
Ojalá esto también nos preocupe tanto como la persecución de personajes corruptos representa el 24% del presupuesto público aprobado y vale la pena insistir que apenas dos de cada diez programas sociales instalados en el país para recomponer carencias o promover bienestar podrían estar funcionando. No vayamos a conformarnos con ser como los personajes del finísimo escritor mexicano Elmer Mendoza que viven en medio de balazos, violencia, drogas y corrupción: “tendríamos que entender que así es la vida, que unas veces se pierde y otras se deja de ganar”.
