Desde hace unas semanas se ha agudizado el problema que sostienen los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, desde hace más 40 años, de por motivos de colindancias, lo que ha generado el desplazamiento de cerca de cinco mil personas, provenientes de los poblados Ch’en Mut, Pom, Tzomolton, C’analumtic, Bejelton, Tulantic, Vololch’ojon, Cruz c’ac’ao nam, Cruz ton, según informa SERAPAZ (Servicios y Asesoría para la Paz).
Ante esta lamentable situación, el Consejo Diocesano de Pastoral (CDP) de la diócesis de San Cristobal de las Casas (SCLC) pidió a las autoridades de los tres niveles “cumplir con su obligación de velar por la vida de las personas” que han sido desplazadas, y exhortó a que se garantice seguridad a quienes llevan ayuda humanitaria.
El CDP expresó su “profunda preocupación por la situación que prevalece y se agrava en la zona limítrofe entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó” y añadió que “grupos armados ilegales han provocado un ambiente de terror en las comunidades del municipio de Chalchihuitán, provocando el desplazamiento forzado de más de cinco mil personas que se encuentran en condiciones de gran precariedad y a la interperie”. Además hay más de 300 personas desplazas del municipio de Chenalhó”.
Por su parte, SERAPAZ comunicó que entre los desplazados hay “muchos enfermos sobre todo niños y niñas, ancianos y ancianas, varias mujeres embarazadas, que no pueden salir a buscar sus alimentos porque están bloqueados los tres caminos de salidas y entradas”. También indicó que se necesita “urgentemente: maíz, frijol, cobertores, medicinas, doctores, harina de maíz, sal, azúcar, jabón, ropa para niños” y precisó que “hay varias casas quemadas”.
La diócesis de SCLC denunció que desde que se agudizó el conflicto “no vemos una acción eficaz por parte de las autoridades para solucionar esta situación de emergencia humanitaria, atender las necesidades inmediatas y dar solución de las causas”.
También subrayó que “sorprende la impunidad con que actúan los grupos armados; al grado que ni la policía ni el ejército han podido hacerse presentes para impedir la violencia ni para desarmar a quienes imponen su control en el territorio y de la población a través del miedo”.
El CDP aseguró que valores fundamentales como “la vida humana, la justicia y la paz así como el respeto a los derechos humanos están siendo violados masivamente”, y advirtió que existe un “peligro real de que derive en un enfrentamiento armado que tendría consecuencias gravísimas, a 20 años de la masacre de Acteal”.
Historia del conflicto
La violencia y el conflicto entre Chalchihuitán y Chenalhó son por cuestiones de límites territoriales que datan de hace 45 años, ocasionada por la “ineficacia e intereses de grupos de poder, de las instituciones de los gobiernos federal y estatal. Esto dio cauce a la confrontación entre dos pueblos cuando en 1975 San Pablo Chalchihuitán obtuvo su Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC) que se ejecutó en 1980, beneficiando a mil 787 campesinos con 17 mil 948 hectáreas”, indicó SERAPAZ, un organismo creado hace más de 20 años por el obispo Samuel Ruíz García.
La institución detalló que en “la ejecutoria se entregaron 17 mil 696 hectáreas y en 1981 se entregaron 252 hectáreas más, como complemento a la RTBC. Y se inconformó el municipio vecino de Chenalhó, Chiapas. En el aspecto legal, desde 2005 hay demanda de juicio vigente con número de expediente 181/2005, está actualmente en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez, esperando la sentencia solicitada”.
Advertencia y mediación de la Iglesia
Ya en algunas ocasiones, al llamar la atención sobre este añejo conflicto, el obispo Felipe Arizmendi Esquivel, ahora emérito de SCLC, señalaba que este “conflicto agrario” existente entre los dos municipios tzotziles se debe a que “la antigua Reforma Agraria, hace más de 40 años, trazó unos límites que no respetan los límites históricos marcados por el río que divide ambos pueblos”.
A lo largo de los años ha habido muchas mesas de negociaciones, pero las soluciones “son transitorias y no resuelven el problema de fondo, que compete al Gobierno federal”, ha expresado Arizmendi. Ante esto ha considerado que es “urgente detener esta injusticia y que el Gobierno estatal ayude a contener esto que puede llevar a consecuencias muy graves”.
