A una semana del deceso del bebé inglés, la opinión pública internacional destaca que el Estado británico les arrebató a sus padres el derecho sobre su hijo. Fue un juez ––en contra del deseo de los padres– el que decidió que lo mejor para Alfie era adelantarle la muerte. ¿Puede un Estado quitar la patria potestad a nombre de una “muerte digna”?
Dos casos en Inglaterra. En cuestión de meses, hemos presenciado como unos jueces ingleses han prohibido a dos familias buscar una mejor atención médica para sus hijos, alegando que, como la calidad de vida de ambos bebés resultaría muy precaria, era mejor desconectarlos y dejarlos morir.
El primer caso ocurrió en julio de 2017 y fue el de Charlie Gard, un pequeño que nació con una enfermedad genética que afecta los músculos. A pesar de que en Estados Unidos e Italia le ofrecían un tratamiento, un juez negó el permiso de traslado, porque el pequeño había sufrido un daño cerebral irreversible.
El segundo fue el de Alfie Evans, a penas el pasado 28 de abril, en el que también un juez determinó, por las mismas razones de “calidad de vida”, que el pequeño debía ser desconectado; y lo dejaron morir de hambre y sed, en contra de la voluntad de sus padres.
¿Quién puede decidir sobre los hijos? Como indican las palabras latinas “patria potestad”, son los padres quienes tienen la “potestad de los padres” sobre sus propios hijos, no el Estado.
En el caso de Alfie, desde diciembre de 2017, los médicos del hospital Alder Hey de Liverpool, pidieron a los tribunales que le retiraran sus padres la custodia del niño, para que éste fuera desconectado y así obtuviera una supuesta “muerte digna”.
A pesar del apoyo internacional, como el Papa Francisco, para que Alfie recibiera tratamientos fuera de Inglaterra, el hospital manifestó que confiaba en que los tribunales buscarían “el interés superior del niño”, es decir, su muerte.
Por su parte, el matrimonio Evans reiteraba a la prensa que “nosotros, sus padres, tenemos el derecho y la responsabilidad de tomar decisiones para salvarlo y trasladarlo a un hospital que respete esas decisiones”.
Expertos y jueces deciden por los padres. En ambos casos, los expertos médicos y los comités de bioética de los hospitales decidieron que Charlie y Alfie no debían vivir, porque tendrían condiciones de vida precarias, dado el daño cerebral que ya habían sufrido.
Esta opinión prevaleció en los tribunales, y los jueces consideraron que esa visión estaba por encima de la decisión de los papás de ambos pequeños, que deseaban conservar a sus hijitos enfermos y cuidarlos cuanto tiempo hiciera falta, además de buscar otras opciones médicas.
Eutanasia encubierta. El Reino Unido se proclama contrario a la eutanasia, pero en estos dos casos, los respectivos hospitales la utilizaron escudados en el principio del “interés superior” aprobado por The Nuffield Council on Bioethics. La analista italiana, Roberta Spola, hace ver que en término último quienes definen cuál es ese “interés superior” no son los padres de los niños, sino los jueces.
Una vez que los jueces determinan que el paciente ya no debe vivir, se aplica el protocolo llamado “Liverpool Care Pathway”, que consiste en suspender la nutrición y la hidración. Y esto no es una “muerte digna” sino un homicidio, pues se deja morir de hambre y sed al paciente, como en el caso de Alfie.
Epílogo. Las ideologías se imponen al sentido común. Todos entendemos que los padres aman a sus hijos y están dispuestos a cuidar a un bebé enfermo todo lo que haga falta, pero hoy se niega esto a nombre de la “calidad de vida”, según la cual no valdría la pena tener una vida con alguna carencia de salud. Pero antes que la calidad de vida está la “dignidad humana” que siempre merece vivir.
Y tanto se ha extendido esta ideología contraria a la vida, que los jueces ingleses pasaron por encima del derecho de los padres de Alfie y dictaminaron que se dejara morir al pequeño. Debemos reaccionar contra esta “cultura de la muerte”, porque es inhumana, como lo fueron los campos de concentración de Hitler y de Stalin.
