La obra inconclusa gubernamental y las obras entregadas al vapor son una afrenta al sistema de solidaridad y de corresponsabilidad institucional
Por Luis Felipe Monroy
No me lo tome a mal, no estoy vaticinando nada. Sólo creo que no existe una verdadera preocupación sobre los proyectos que, abandonados, comienzan a levantar maleza en el silencio. Las obras inconclusas o los llamados «elefantes blancos» son la ominosa prueba del verdadero dispendio, de corrupción, falta de liderazgo y ausencia de creatividad.
Prácticamente no hay rincón del país donde no exista alguna de estas pruebas: cuando no es un centro de artes y oficios abandonado en su sola estructura en la Ciudad de México, es un hospital en obra negra en Veracruz, un distribuidor vial en Guanajuato, centros de salud en Oaxaca, centros urbanos, carreteras, vías de tren, presas, puentes, deportivos y un largo etcétera.
Y no sólo causan problemas las obras inconclusas, también las obras presurosamente concluidas para beneplácito de la comunicación del gobernante en turno: hospitales perfectamente erigidos, pero sin galenos ni instrumental, sin servicios populares; vialidades expuestas al desastre y, por supuesto, el epítome de estos fraudes: sistemas de transporte sin pruebas de seguridad ni eficiencia.
La obra inconclusa gubernamental y las obras entregadas al vapor son una afrenta al sistema de solidaridad y de corresponsabilidad institucional. No sólo representan el gasto y los costos en las inversiones que no proveen el servicio original al que fueron destinados; también provocan una incertidumbre mayúscula sobre la eficacia de la gobernanza, laceran la confianza representativa y fomentan una actitud de depredación por parte de las empresas.
Lo más natural es que las obras inconclusas o inservibles sean retomadas por nuevos gobiernos o participantes económicos; obras que en principio tuvieron un estudio de necesidad y viabilidad, se concursaron o asignaron licitaciones, se aprobaron presupuestos, en teoría tendrían todos los permisos y autorizaciones desde el aparato de gobierno y tuvieron un horizonte de cumplimento que -evidentemente- no se cumplió. Otra solución es reacondicionar lo pobremente construido, darles una utilidad diferente a la original pero necesaria para un sector social. Esto en principio puede ser un sinsentido, pero hay que mirar algunas obras que, concluida su vida útil, se pueden convertir en un nuevo espacio de servicio.
Sin embargo, lo importante no es reanudar la obra o darle un nuevo sentido. Lo absolutamente indispensable es fincar las responsabilidades económicas, legales y políticas a aquellos que dejaron abandonados los proyectos o cuyas corruptelas reventaron la burbuja de viabilidad y continuidad del proyecto.
En su ensayo sobre la gobernanza de sociedades complejas, Daniel Innerarity explica que «el arte de la gestión presupone que, ante las dificultades encontradas, hay siempre una solución óptima única. Por el contrario, el campo político descansa sobre el reconocimiento de la incertidumbre».
Mientras la política permite la audacia de hacer lo mejor posible en unas condiciones determinadas, la gestión exige soluciones sin importar las condiciones.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene frente a sí justo este doble desafío particularmente en lo que respecta al aeropuerto mexiquense en Texcoco o en Santa Lucía. En lo político, demostrar que se toman las decisiones audaces para fincar responsabilidades a las personas que reventaron el presupuesto original de la construcción o que mintieron en el proceso del proyecto; pero en la gobernanza administrativa, dar la solución óptima a dos escenarios contrapuestos: si se continúa el aeropuerto en Texcoco, sanar lo corregible; si se abandona la infraestructura ya construida, resolver qué hacer con esos 734 mil metros cuadrados ya transformados por el inicio de la obra.
El político gobernante está obligado a enlazar dos parámetros diferentes entre sí y -en este caso- opuestos. Nuevamente Innerarity nos recuerda: «No puede agravar el mal que pretende disminuir, no debe emprenderla contra los valores de la comunidad, debe proponer soluciones viables… debe estar preocupado por el porvenir sin creerse, no obstante, que lo conoce con certeza».
Publicado en la edición impresa de El Observador del 4 de noviembre de 2018 No.1215
