Por Ma. Elizabeth De los Rios Uriarte*
“Aquí no pueden pasar con un perro”… argumentan una y otra vez cuando Nico, de 8 años de edad, quiere acceder con sus padres ya sea a comercios, restaurantes o simplemente al transporte público y a pesar de contar con las credenciales que avalan que su perro, Mica, está entrenada como perro de servicio para detectar y contener la condición de Nico, las autoridades permanecen indiferentes y hasta groseras.
El informe mundial sobre la discapacidad de la OMS y del Banco Mundial informan que existen más de mil millones de personas en el mundo con alguna forma de discapacidad y de éstas, casi 200 millones sufren dificultades considerables en su vida diaria, muchas de ellas provenientes de actos discriminatorios.
La discriminación, señala la OMS, no viene necesariamente de su condición física ni representa un desprecio únicamente hacia su cuerpo si no que se constituye en una ideología que descansa sobre la exclusión del “otro” sin mayores causas que su “no normalidad.” ¿y qué es lo “normal?
Para reflexionar sobre la pregunta anterior, es necesario entender eso que se llama “dignidad” y que representa, como dijera Kant, el valor intrínseco de las personas que no es intercambiable ni sustituible.
La dignidad en la persona se sitúa en un ámbito interior que no queda a merced de su reconocimiento o no, que no puede ser ni más ni menos de una persona a otra pues todos la tenemos independientemente de nuestras apariencias, condiciones, estratos sociales, economía e incluso, de nuestra mayor o menor utilidad social.
Así, actitudes de menosprecio a una persona o de menoscabo de sus derechos constituyen una afrenta grave contra la esencia misma de la persona humana y resultan sumamente dolorosos y humillantes. Reconocer que, a pesar de nuestras diferencias podemos convivir, que se pueden incluir a aquellos que son considerados “diferentes” y que, al hacerlo, nos enriquecemos todos, son pequeños pasos para construir una sociedad no sólo más incluyente si no solidaria.
En México, a pesar de contar desde el 2005 con una ley general de las personas con discapacidad que contempla, entre sus principios operantes, la equiparación de oportunidades, la integración y la accesibilidad, las personas con alguna discapacidad sufren constantes violaciones a sus derechos fundamentales además de burlas y discriminación.
Por su parte, desde 2011, además, contamos con una ley general para la inclusión de las personas con discapacidad que contempla, entre otros puntos, la obligatoriedad de los mecanismos que permitan una mayor accesibilidad al entorno físico, medios de transporte, tecnologías de la información, etc; también se establece en ella el concepto de “ajustes razonables” que implican las acciones y modificaciones que sean necesarias para permitir, a una persona con discapacidad, el goce y disfrute de sus derechos fundamentales y, por si fuera poco, la ley define la discriminación por motivos de discapacidad como el efecto de obstaculizar o menoscabar el goce de sus derechos a estas personas.
Las dificultades son muchas aún para ellas: políticas y normas insuficientes, actitudes negativas de discriminación, prestación insuficiente de servicios, financiación insuficiente, falta de accesibilidad a servicios públicos, y, sobre todo, deficiencias en las mediciones y obtención de datos que permitan comparaciones efectivas para transformar instituciones y prejuicios.
La discapacidad sigue constituyéndose, hoy día, a nivel mundial pero de forma más evidente en nuestro país, como una vulnerabilidad humana exponenciada. Ante ello, el reto es mayúsculo pues implica la incorporación de conductas éticas que confluyan en el reconocimiento de la dignidad de cada persona, la procuración de los bienes que le permitan gozar de los mayores estándares de calidad de vida y, sobre todo, la conciencia social suficiente para admitir lo limitado de nuestro conocimiento y lo infinito de la belleza humana.
* Doctora en Filosofía por la Universidad Iberoamericana.Maestra en Bioética por la Universidad Anáhuac México Norte. Licenciada en Filosofía por la Universidad Iberoamericana.Técnico en Atención Médica Prehospitalaria por SUUMA A.C. Scholar research de la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos. Miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Miembro y Secretaria general de la Academia Mexicana para el Diálogo Ciencia-Fe.
Ha impartido clases en niveles licenciatura y posgrado en diversas Universidades. Cuenta con publicaciones en revistas académicas y de divulgación tanto nacionales como internacionales y es columnista invitado del periódico REFORMA.
Actualmente es profesora y titular de la Cátedra de Bioética Clínica de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac.