“Mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto”. C.S. Lewis
Don J. Guadalupe Torres Campos, Obispo de Ciudad Juárez y Responsable de la Dimensión Episcopal de Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), dirigió e hizo público un Mensaje a las autoridades civiles de México.
Fechado el 14 de octubre del 2021 y también dirigido “a los medios de comunicación” “y a las mexicanas y mexicanos preocupados por la situación migratoria que se vive actualmente en el país”, se dio en el marco del IV Encuentro Nacional de Coordinadores de Pastoral de la Movilidad Humana y de Directores de Casas del Migrante de la Dimensión Pastoral de Movilidad de la CEM, que sesionó del 13 al 15 de octubre en Tlalpan.
Respecto a las problemáticas que enfrentan las personas en contexto de migración en México, el Mensaje distingue entre migrantes en tránsito y víctimas de desplazamiento forzado interno; personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado pero retornados en la frontera bajo el Título 42 (ley por la cual se pueden expulsar de inmediato a los migrantes y solicitantes de asilo) y los mexicanos deportados desde los Estados Unidos, cuyo flujo no cesa.
Desde tal tenor constatan “que la actual política migratoria del Gobierno de México ha recrudecido sus acciones de contención a los flujos migratorios” sin tomar ya en cuenta “una visión humanitaria para la atención integral de las personas en contexto de migración” y a despecho de ello alentando violaciones sistemáticas a los derechos humanos los migrantes, que van desde los secuestros y desapariciones forzadas, homicidios y detenciones ilegales, y lo más común, el hacinamiento.
El mensaje no vacila en afirmar que “el Gobierno de México ha evadido su responsabilidad de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad, como lo son las personas migrantes” y que además “ha delegado a las casas del migrante … la responsabilidad de atender a las personas en contexto de migración” como una forma de hacer caso omiso “en cumplir con el mandato de promover y defender los derechos humanos de todas las personas” que más allá de la nacionalidad, credo religioso, o situación migratoria tutela el artículo 1º de la Constitución mexicana.
Denuncia que de parte del aludido gobierno menudean “prácticas de militarización y represión hacia las personas migrantes” de las que han derivado “en múltiples violaciones a los derechos humanos”.
Ante todo esto piden que tan importante y suprema instancia establezca y tutele “otras alternativas a la detención y a la regularización migratoria”; que usen métodos más humanos y sin violencia a favor del tránsito de los migrantes, que no los repriman más y a cambio de eso tutelen los derechos humanos esenciales desde “caminos más fraternos para la movilidad humana en general” para que nunca más se repitan acciones tan barbáricas y brutales como las recientes masacres acaecidas en San Fernando y Cadereyta, o las corruptelas que involucran al personal administrativo del gobierno en conductas perniciosas al lado del crimen organizado tan sólo para medrar con “el cuerpo y el dolor de personas extranjeras que decidieron migrar para encontrar una vida mejor”.
Concluye el Mensaje apelando al espíritu de hospitalidad, acogida y hermandad de los vecinos de las rutas de migrantes para que no se cansen en acogerlos como lo que son, miembros de una sola familia, y no rivales ni competidores, “para que construyamos un nosotros cada vez más grande, donde no haya divisiones ni discriminación de nadie sino que al contrario sepamos enriquecernos con la diversidad de hermanos y hermanas, hijos de un mismo Padre”.
Ante tan valiente, claro y oportuno mensaje, a los cristianos, si queremos seguirlo siendo, sólo nos compete figurar en primer plano respecto a lo que se nos propone.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 24 de octubre de 2021 No. 1372
