Por P. Fernando Pascual
Sería extraño que en algunas condenas de tribunales o en algunas decisiones de tipo administrativo, se recurriese a sentencias generalizadas contra varias personas.
¿Cuándo puede ocurrir eso? Cuando se establece una sentencia que castiga a varias personas con una misma pena, al mismo tiempo que se ofrece, como motivación, una lista de acciones sin indicar claramente si todos colaboraron de igual manera o de formas distintas en esas acciones.
Pensemos, por ejemplo, en una sentencia que expulse a 10 funcionarios de sus puestos de trabajo, y que como motivaciones se indique que la expulsión se debe a acciones de soborno, amenazas, falsificación de documentos y sustracción de importantes cantidades de dinero.
La lista de acciones delictivas es genérica y confusa cuando no especifica si los 10 funcionarios participaron en igual medida en esas acciones, o si algunos cometieron varios de esos delitos, y otros quizá solo un delito de los enumerados.
Un sistema jurídico que estableciese condenas genéricas y confusas, con una lista de delitos sin distinguir si hubiera diferentes grados y niveles de culpabilidad, sería un sistema jurídico injusto.
La injusticia sería mayor si se llegase a una especie de “sentencia administrativa” que expulse o penalice a varias personas por acusaciones graves, sin haber dejado espacio a la defensa de los acusados, defensa que suele quedar garantizada con ayuda de abogados y de otras medidas que permitan un juicio equitativo.
El mundo está lleno de injusticias. Junto a procesos claramente amañados, como ocurre en sistemas dictatoriales, existen otros procesos y sentencias que no dejan verdadero espacio a los acusados para defenderse y, en el caso de ser condenados, que no especifican claramente los delitos concretos que se atribuyen a cada uno.
Hay mucho que hacer para mejorar la justicia. Sobre todo, hay que evitar condenas sumarias contra grupos de personas. Ello será posible desde un esfuerzo serio para evaluar los actos concretos por los cuales cada acusado pueda defenderse adecuadamente y, cuando sea condenado, para que se sepa si cometió uno o varios delitos, sin acusaciones genéricas que no distinguen niveles de culpas ni responsabilidades concretas de cada condenado.
