Rafael Estrada Michel, destacado jurista mexicano, egresado de la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho Constitucional y doctor en Historia del Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, analiza con severidad la reciente jornada electoral del 1 de junio y su vinculación con la llamada reforma judicial. Catedrático, investigador del CONAHCYT y director de la revista Tiempo de Derechos, Estrada Michel sostiene que el intento de reconfigurar el Poder Judicial ha sido, en realidad, una regresión disfrazada de democracia participativa.
—Profesor Estrada, ¿cuál es su balance de la jornada electoral del pasado 1 de junio?
Dos conclusiones me parecen fundamentales. En primer lugar, la ciudadanía habló con claridad, ya fuera a través de la abstención o del voto de protesta. Su mensaje fue inequívoco: rechazo a la mal llamada reforma judicial. En segundo lugar, se evidenció el profundo interés de la sociedad mexicana por preservar un Estado constitucional y democrático de derecho. La iniciativa que hoy se discute no es una reforma legítima, sino una imposición impulsada por el rencor político y la traición al juramento constitucional.
—Desde el oficialismo se ha insistido en que la reforma responde a la voluntad del pueblo. ¿Qué opina?
Decir que esto encarna la voluntad popular es una falacia peligrosa. La verdadera expresión del pueblo radica en su demanda de un sistema de justicia robusto, independiente, moral y técnicamente sólido. Un Poder Judicial comprometido con las causas más nobles de la República y con quienes menos tienen, no una estructura sometida a designios partidistas.
—¿Qué interpretación le da al hecho de que nueve de cada diez ciudadanos no participaron en la consulta?
Esa altísima abstención, sumada a la anulación masiva de votos, es un mensaje contundente. Cerca de 90 millones de mexicanos rechazaron un proceso viciado en origen, forma y finalidad. Es una exigencia para conservar los principios fundamentales de nuestra transición democrática. Urge mejorar la justicia, sí, pero sin socavar la división de poderes ni desmontar las garantías constitucionales que sostienen nuestra convivencia en paz.
—¿Qué consecuencias ve si esa voz ciudadana es ignorada?
Sería un acto profundamente irresponsable. Persistir en este proyecto, pese al rechazo evidente, equivaldría no sólo a desafiar el mandato ciudadano, sino a vulnerar el pacto constitucional que nos rige. Las autoridades ejecutiva y legislativa deben recordar que su legitimidad proviene de ese pacto, no de una simulación de democracia directa.
—Algunos actores políticos han calificado el ejercicio electoral como un gran logro. ¿Lo fue?
Solo desde la terquedad o la negación de los hechos puede sostenerse semejante afirmación. Llamar “éxito” a una convocatoria que fracasó en movilización, en legitimidad y en objetivos, es querer convertir la derrota en victoria por decreto. Es inadmisible.
—Si esta iniciativa no es viable, ¿qué camino propone usted como alternativa?
México necesita una reforma judicial seria, orientada a la eficacia y la justicia social. Hay que emprender cambios profundos, sin destruir lo que funciona. Es posible reconfigurar la procuración e impartición de justicia con una visión incluyente, que supere las disputas partidistas y construya, por consenso, una judicatura digna, eficaz y legítima. Mientras tanto, debe instaurarse un régimen transitorio que garantice estabilidad institucional. No podemos darnos el lujo de un vacío de legitimidad en nuestros tribunales.
—¿Pueden los ciudadanos hacer algo más, además de expresar su rechazo en las urnas?
Sin duda. Corresponde ahora a los ciudadanos, organizaciones y partidos políticos exigir que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cumplan con su responsabilidad constitucional. Es imperativo que se anulen actos manifiestamente nulos y que se encauce una verdadera reforma, legítima y democrática, que responda a las necesidades reales del país y no a los caprichos de un poder transitorio.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 15 de junio de 2025 No. 1562
