Cada día, niños, mujeres y hombres son víctimas de engaños que los llevan a la explotación sexual, laboral o digital. El delito se adapta y crece, ahora desde el entorno virtual.
Por Miriam Apolinar
La violencia en México ha alcanzado incluso los espacios que históricamente se consideraban refugios simbólicos y comunitarios: los templos, las parroquias y las comunidades de fe. El Reporte Anual 2025 sobre la incidencia de violencia contra sacerdotes e instituciones de la Iglesia católica en México, elaborado por el Centro Católico Multimedial (CCM), confirma una realidad alarmante que ya no puede ser ignorada: en los últimos siete años han sido asesinados 13 sacerdotes y 23 laicos vinculados a labores pastorales, mientras que el 84 por ciento de los templos del país ha sufrido algún tipo de robo, profanación o agresión.
Presentado el martes 27 de enero, el informe no sólo enumera cifras; documenta una transformación profunda en las formas de violencia que afectan a las comunidades católicas y revela una crisis de seguridad y de valores que atraviesa a la sociedad mexicana. Los ataques contra lo sagrado, señala el CCM, no son hechos aislados ni meramente colaterales: constituyen mensajes de poder, mecanismos de intimidación y signos claros de la erosión del tejido social.
Un balance que duele
Desde 2018 y hasta lo que va del actual sexenio, México ha registrado el asesinato de 13 sacerdotes. De ellos, diez ocurrieron durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y tres en el breve periodo del actual gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum. Si bien la cifra es menor a la registrada en el sexenio 2012-2018, cuando fueron asesinados 19 sacerdotes, el CCM advierte que el descenso en homicidios no implica una disminución real de la violencia, sino una mutación en sus expresiones.
“Los homicidios han disminuido, pero los hechos violentos se multiplican”, advierte el informe. Amenazas, extorsiones, robos sistemáticos, profanaciones y ataques simbólicos a templos se han convertido en prácticas recurrentes, particularmente en regiones dominadas por el crimen organizado.
El reporte, coordinado por Guillermo Gazanini Espinosa, jefe de Información del CCM, y por el padre Omar Sotelo Aguilar, director del organismo, documenta la violencia por sexenios como una forma de identificar tendencias, patrones territoriales y transformaciones en la dinámica delictiva.
Territorios marcados por la violencia
Estados como Guerrero, Veracruz, Guanajuato y Jalisco encabezan la lista de agresiones contra templos y comunidades eclesiales. En estas entidades, la Iglesia se ha convertido en un blanco vulnerable dentro de contextos donde la delincuencia organizada impone su lógica de control territorial.
Guanajuato, uno de los estados más golpeados por la violencia criminal en los últimos años, ofrece un ejemplo claro de esta realidad. Sus parroquias y comunidades, señala el CCM, se han transformado en extensiones de un entorno donde la violencia campea y la vida de fe se convierte en víctima colateral. La presencia pastoral, orientada a la cohesión comunitaria y al acompañamiento social, resulta incómoda para estructuras criminales que buscan controlar no sólo la economía ilegal, sino también la vida cotidiana.
En Jalisco, el horror ha adquirido formas particularmente simbólicas. El 20 de agosto, en la colonia Lomas del Cuatro, en San Pedro Tlaquepaque, el cuerpo de una joven envuelto en cobijas fue abandonado junto a la Parroquia de la Divina Providencia. Para el CCM, dejar un cuerpo a las puertas de una iglesia constituye un mensaje siniestro: una profanación implícita dirigida contra un espacio sagrado, un acto destinado a demostrar quién manda en la plaza.
“No se trata únicamente de un crimen más”, subraya el informe, “sino de una agresión simbólica que busca sembrar miedo, normalizar la violencia y quebrar la vida comunitaria que se articula en torno a la fe”.
Un fenómeno nacional
Entre 1990 y 2025, los estados con mayor número de sacerdotes y religiosos agredidos son la Ciudad de México (11 casos), Guerrero (10), Estado de México (9), Guanajuato (9), Michoacán (8), Chihuahua (6), Jalisco (6) y Veracruz (5). La distribución territorial confirma que las agresiones se concentran en regiones con alta incidencia delictiva, presencia del narcotráfico y debilidad institucional.
El informe es claro: oficialmente no existe una persecución religiosa en México. No hay restricciones legales a la libertad de culto ni un discurso de odio contra la fe. Sin embargo, las causas de la violencia han mutado y los contrastes son cada vez más preocupantes. Las iglesias son vistas como blancos fáciles, desprotegidos por un Estado laico que, paradójicamente, tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la libertad religiosa.
Laicos, las nuevas víctimas
Uno de los hallazgos más relevantes del Reporte Anual 2025 es el incremento de agresiones contra laicos comprometidos con actividades pastorales, sociales y de defensa de los derechos humanos. En lo que va del actual sexenio, 23 laicos cercanos a los trabajos de la Iglesia han sido asesinados.
“El crimen organizado ha identificado a los sacerdotes como estabilizadores sociales”, explica Gazanini Espinosa. “Pero ahora la violencia se desplaza hacia los laicos, hacia quienes sostienen la vida comunitaria, la acción social y el acompañamiento cotidiano”.
Esta tendencia confirma que la violencia no se dirige únicamente contra figuras visibles, sino contra el entramado humano que permite a las comunidades resistir, organizarse y preservar espacios de sentido frente a la narcoeconomía, la narcocultura y la narcopolítica.
Impunidad estructural
El Centro Católico Multimedial ha documentado que más del 80 por ciento de los crímenes contra sacerdotes, religiosos y laicos permanece en la impunidad. Esta cifra, señala el informe, evidencia la profunda ineficacia de los sistemas de seguridad federales, estatales y municipales, así como la tendencia de algunas autoridades a minimizar los hechos, atribuyéndolos a la “violencia generalizada” o a supuestos defectos personales de las víctimas.
La impunidad no sólo agrava el dolor de las comunidades, sino que envía un mensaje de permisividad que favorece la repetición de los ataques. La violencia contra lo sagrado, durante años una crisis silenciosa, hoy se manifiesta de manera abierta y desafiante.
Sacerdotes asesinados y desaparecidos
El informe recuerda que, en las últimas décadas, la Iglesia católica en México ha perdido de manera violenta a casi un centenar de ministros de culto y agentes pastorales. La lista incluye a un cardenal, 62 sacerdotes, un diácono, cuatro religiosos y 23 laicos, entre ellos una periodista católica. A esta cifra se suman tres sacerdotes desaparecidos.
Entre los casos más dolorosos se encuentran los del padre Santiago Álvarez Figueroa, desaparecido desde el 29 de diciembre de 2012 en la diócesis de Zamora; el padre Carlos Órnelas Puga, desaparecido el 3 de noviembre de 2013 en Tamaulipas; y el padre Francisco Núñez Martínez, Siervo Misionero de la Santísima Trinidad, visto por última vez el 7 de febrero de 2025 en Temascalapa, Estado de México.
Cada desaparición, señala el CCM, representa una herida abierta no sólo para la Iglesia, sino para comunidades enteras que permanecen en la incertidumbre y el abandono.
Construir paz en medio del conflicto
Frente a este panorama, la Iglesia católica en México ha intensificado sus esfuerzos de construcción de paz y diálogo, especialmente tras el asesinato de los jesuitas en Cerocahui, Chihuahua. El informe destaca iniciativas encabezadas por obispos como Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia, y otros pastores en estados como Michoacán, Jalisco, Guerrero y Morelos, orientadas a generar treguas, mediaciones comunitarias y procesos de reconciliación.
No obstante, el CCM advierte que estos esfuerzos requieren el acompañamiento decidido de las autoridades y de la sociedad civil. “Un sacerdote no se puede entender sin los fieles, y los fieles no pueden entenderse sin sus sacerdotes”, subraya Gazanini. La cohesión comunitaria, la vigilancia solidaria y la participación activa de los laicos son hoy elementos centrales para la protección de las parroquias.
Memoria y prevención
El Reporte Anual 2025 propone, además, la creación de instancias permanentes de seguimiento a las agresiones contra parroquias y comunidades, así como el uso de tecnología para construir un censo confiable que registre no sólo delitos de alto impacto, sino también agresiones aparentemente menores, como robos de alcancías o de objetos metálicos.
El objetivo, explica el CCM, es prevenir, actualizar protocolos de seguridad y, sobre todo, crear memoria. Entre las propuestas destaca la instauración de un Día Nacional de Memoria por las Víctimas de la Violencia contra la Iglesia, como un acto de justicia simbólica y de reconocimiento a quienes han perdido la vida en circunstancias extremas.
No callar ante el terror
Para el padre Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial, guardar silencio frente a esta realidad equivale a permitir que el terror y la indiferencia se normalicen. “Mantenernos callados es hacer crecer el miedo”, afirma. Desde hace más de una década, el CCM ha insistido en visibilizar un fenómeno que durante años fue ignorado, incluso en foros internacionales.
“La violencia puede parecer local, pero tiene repercusiones globales”, advierte Sotelo. El reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado, la expansión de redes delictivas y la descomposición social no conocen fronteras.
El Reporte Anual 2025 no es únicamente un documento estadístico. Es una llamada urgente a proteger la fe, la vida comunitaria y el derecho de millones de mexicanos a vivir y celebrar su fe sin miedo. En un país donde la violencia amenaza con ocupar todos los espacios, incluso los más sagrados, la memoria, la denuncia y la acción colectiva se vuelven actos de resistencia.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 8 de febrero de 2026 No. 1596
