Con más de 130 mil personas registradas como desaparecidas o no localizadas, familias que buscan con picos y palas y una disputa abierta entre el Gobierno y la ONU, Mons. Francisco Javier Acero pide a los católicos escuchar, acompañar y no abandonar a quienes viven “un dolor sagrado”.
Por Ana Paula Morales
Un pico, una pala y la fotografía de un hijo sobre el pecho. Para miles de familias mexicanas, la búsqueda comienza donde terminan los expedientes: en terrenos baldíos, brechas y parajes dominados por el crimen organizado. Allí, con frecuencia sin protección suficiente, las madres buscadoras remueven la tierra con la esperanza de encontrar una señal y con el temor de confirmar lo peor.
“Es un grito desgarrador de dolor e impotencia”, afirmó Mons. Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la arquidiócesis primada de México, en entrevista con El Observador de la Actualidad. El prelado advirtió que los responsables de garantizar la seguridad se encuentran desbordados y que el sufrimiento de las familias no puede ideologizarse ni utilizarse con fines políticos o de promoción personal: “Es un dolor sagrado de familias angustiadas cada mañana por no poder saber qué pasó con sus familiares”.
En marzo de 2026, el Gobierno federal informó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas rondaba los 132 mil 500 casos. Reuters y Associated Press han situado la cifra nacional por encima de 130 mil; AP reportó después más de 135 mil registros. El número cambia constantemente porque el padrón se actualiza y porque no todos los reportes corresponden jurídicamente al delito de desaparición forzada.
México no tiene un “lugar” verificable en un ranking mundial
Se repite con frecuencia que México ocupa el primero o el segundo lugar mundial en desapariciones, pero no existe una clasificación internacional homogénea que permita afirmarlo con rigor. Cada país utiliza periodos, definiciones y registros distintos. Además, una persona desaparecida o no localizada no equivale automáticamente a una víctima de desaparición forzada, figura que exige intervención estatal, autorización, apoyo o aquiescencia.
Lo que sí puede afirmarse es que México vive una de las crisis de desapariciones más graves del mundo fuera de un conflicto armado. La magnitud del problema llevó al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada a activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención. El 2 de abril de 2026, el Comité solicitó llevar la situación ante la Asamblea General al considerar que existían indicios fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas.
La ONU no afirmó que exista una política federal para desaparecer personas ni atribuyó todos los casos al Estado. En los expedientes examinados señaló patrones que involucran tanto a autoridades como a cárteles y otras organizaciones criminales, y pidió cooperación técnica, más recursos para la búsqueda, capacidad forense e investigaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios y delincuencia organizada.
El desacuerdo del Gobierno con la ONU
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la conclusión del Comité. En sus conferencias de abril sostuvo que en México no existe actualmente desaparición forzada como política de Estado y que esa práctica pertenece a otros periodos, como la Guerra Sucia. Su Gobierno alegó además que el análisis internacional se apoyaba principalmente en hechos de 2009 a 2017 y no reconocía los cambios realizados desde 2019.
El Gobierno federal rechaza que hoy exista una política de Estado de desaparición forzada, pero no niega que decenas de miles de personas sigan sin ser localizadas. La discusión con el Comité de la ONU está en la calificación de los hechos, las responsabilidades y la posible participación o tolerancia de agentes estatales. El Comité sostuvo que su examen llegaba hasta la actualidad y recordó que la definición internacional no exige una orden surgida del más alto nivel del poder.
En marzo, las autoridades presentaron un ejercicio de cruces de bases de datos. De unos 132 mil 500 registros, alrededor de 40 mil mostraban actividad posterior a la fecha de desaparición en padrones fiscales, de vacunación, identidad o estado civil; 5 mil 269 personas ya habían sido localizadas. Reuters y AP consignaron tanto la explicación oficial como la preocupación de familiares, quienes temen que una depuración estadística sustituya la búsqueda efectiva o reduzca artificialmente la dimensión del problema.
Sheinbaum ha prometido usar “toda la fuerza del Estado” para buscar a las personas desaparecidas y promovió reformas para mejorar registros, alertas, investigación e identificación. Las familias, sin embargo, siguen reclamando resultados. En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó el fenómeno como una “grave crisis humanitaria” y señaló que la mayoría de las desapariciones se atribuye al crimen organizado, aunque también documentó casos con participación estatal, aquiescencia u omisiones graves. EFE recogió el reclamo de familiares que aseguran no haber sido escuchados y rechazan que se les pida no politizar su dolor.
El narco desaparece para dominar y borrar el crimen
La expansión de los cárteles desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, en 2006, marcó un punto de quiebre. La mayor parte de los registros se concentra desde entonces. AP ha documentado que grupos criminales utilizan la desaparición para sembrar terror, reclutar por la fuerza, controlar territorios y ocultar homicidios. Sin cuerpo, la investigación se complica y el crimen puede quedar oculto durante años.
La agencia acompañó en 2026 a colectivos que recorren zonas bajo control criminal en Jalisco. Encontró familias que salen solas, reciben datos anónimos y cavan sin acompañamiento institucional. En el país se acumulan además más de 70 mil restos sin identificar en servicios forenses y cementerios, mientras casi 20 mil personas reportadas como desaparecidas fueron halladas muertas desde 2010. Al menos 36 buscadores habían sido asesinados desde ese año, según organizaciones civiles citadas por AP.
Jalisco, uno de los principales bastiones del Cártel Jalisco Nueva Generación, está entre los estados más golpeados. EFE informó en mayo del hallazgo de 60 bolsas con restos humanos y 21 osamentas en una fosa clandestina de El Salto. Cada nuevo hallazgo vuelve a mostrar la dimensión de la violencia, la crisis forense y la impunidad que empuja a las familias a realizar tareas que corresponden a las instituciones.
Parolin: la paz comienza al hacer propio el dolor ajeno
La crisis llegó recientemente al centro del diálogo entre la Iglesia y la sociedad. Durante su visita a México, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, escuchó el 5 de agosto el testimonio de una madre que busca a su hijo desaparecido en Puebla. Ante representantes del Diálogo Nacional por la Paz, afirmó que la construcción de la paz comienza con la empatía ante el sufrimiento de los demás y se realiza de manera artesanal, con paciencia y perseverancia, día tras día.
Parolin alentó a los participantes a no desanimarse y señaló que el proceso mexicano puede ofrecer esperanza a otros lugares golpeados por la violencia. Su llamado fue concreto: escuchar a las víctimas, sostener a las familias y construir paz en las comunidades con paciencia y perseverancia.
Mons. Acero conoce de cerca esa labor. El acercamiento de la Arquidiócesis Primada comenzó con una Misa presidida por el cardenal Carlos Aguiar Retes en la Basílica de Guadalupe y continuó mediante encuentros de escucha, diálogo y oración. “Los encuentros con cada familia me hacen ver la vida de otra manera, dar prioridad a los que no tienen voz e intentar ser pastor de la calle más que burócrata”, explicó.
El llamado se reforzó el 23 de agosto, cuando el Diálogo Nacional por la Paz difundió “Acoger a las familias buscadoras”, dirigido a líderes religiosos de México. El documento pide que las comunidades eclesiales reciban a las familias, les ofrezcan consuelo y escucha empática, y se comprometan con acciones concretas de acompañamiento. “Recuperar la paz” —subraya el llamado— pasa también por no dejar solas a quienes buscan a un ser querido.
“La Iglesia es la única que nos está apoyando; no nos abandone”
El acompañamiento arquidiocesano incluye apoyo espiritual y psicológico, además de mediación para otras acciones que puedan ayudar a las familias. Acero insiste en que la Iglesia no sustituye a las fiscalías ni actúa como partido político: al Estado le corresponde buscar, investigar, identificar y garantizar derechos; a la Iglesia, acompañar desde el Evangelio, promover la paz y abrir espacios seguros.
Lo que más lo ha marcado es la constancia de las madres. “No importa el clima, la hora… aquí se muestra cómo el amor de una madre es capaz de hacer lo que sea por encontrar a su hijo”. Las ha visto salir con herramientas hacia terrenos donde podría haber fosas y regresar a reuniones de escucha con una tristeza profunda, pero también con la paz momentánea de haber sido tomadas en serio.
Una de las madres le repite en los encuentros: “La Iglesia es la única que nos está apoyando; no nos deje, no nos abandone”. Acero recibe esa petición como una responsabilidad pastoral. “Dios está presente en medio de este caos de las desapariciones”, afirmó. La fe, añadió, puede ofrecer cobijo y esperanza sin renunciar a la exigencia de verdad y justicia.
Qué pueden hacer las parroquias
Acero propone que las comunidades den un paso más allá de la oración genérica: mencionar a las personas desaparecidas en las homilías, recibir testimonios, crear círculos de paz y establecer un “buzón de la paz” en un lugar seguro de la parroquia. Allí, los vecinos pueden dejar cartas, dibujos o información para las familias, quienes recogen directamente el contenido. El gesto busca tender vínculos y vencer el miedo que aísla.
“Creer en sus historias, no solamente oírlas”, respondió cuando se le preguntó cómo pueden ayudar los católicos. Para Acero, eso supone recibir el testimonio sin sospechar de entrada de la víctima, no reducir a la persona a una cifra y no abandonar a la familia después de una celebración o un encuentro.
Las búsquedas de campo, advirtió, requieren protocolos, especialistas y condiciones de seguridad; no deben improvisarse desde una parroquia. Pero las comunidades sí pueden escuchar, ofrecer apoyo psicológico competente, orientar hacia instituciones confiables, cuidar la dignidad de las familias y pedir que las investigaciones avancen.
Un país que no puede acostumbrarse
México no necesita un lugar en una lista mundial para entender la gravedad de lo que ocurre. Hay más de 130 mil personas registradas como desaparecidas o no localizadas, familias que recorren terrenos bajo dominio criminal y decenas de miles de restos que todavía esperan un nombre. Detrás de cada cifra hay una casa en la que alguien sigue esperando.
“Aquí los escuchamos y tendemos puentes para que vean un rayo de luz en medio de un túnel oscuro y cerrado”, afirmó Mons. Acero. Las puertas de la Arquidiócesis Primada, aseguró, permanecen abiertas. En medio de la violencia y de la discusión política sobre cómo nombrar esta crisis, la petición de las familias sigue siendo elemental: que nadie deje de buscarlos y que nadie aparte la mirada.
Fuentes consultadas
Entrevista de Ana Paula Morales a Mons. Francisco Javier Acero, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México.
Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, decisión y comunicado sobre México, 2 de abril de 2026.
Diálogo Nacional por la Paz, “Acoger a las familias buscadoras”, llamado dirigido a líderes religiosos de México, 23 de agosto de 2026.
Vatican News, encuentro del cardenal Pietro Parolin con el Diálogo Nacional por la Paz, 5 de agosto de 2026.
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Comisión Nacional de Búsqueda).
Reuters, AP y EFE, coberturas de marzo a mayo de 2026 sobre el registro, los colectivos de búsqueda, el crimen organizado y la respuesta gubernamental.
Imagen de Centro Prodh
