La diócesis denunció que el sacerdote también recibió amenazas de muerte durante sus tres días de cautiverio. La Fiscalía investiga la privación de la libertad, pero no ha identificado públicamente a los responsables.
Por Ana Paula Morales – Press Crux
Lo golpearon y le provocaron quemaduras graves en el cuerpo. Durante tres días lo mantuvieron privado de la libertad y lo amenazaron de muerte repetidamente. Esa es la denuncia que hizo el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez, sobre lo ocurrido al padre Clemente Morales Topete, en una carta circular fechada el 1 de noviembre.
Según la diócesis, personas no identificadas se llevaron al párroco de Cristo Resucitado la tarde del sábado 24 de octubre y lo trasladaron a un lugar desconocido. Sus captores le exigieron información que él no tenía. El martes 27 fue liberado y regresó por sus propios medios a la casa parroquial, conduciendo su camioneta.
La aparición con vida del padre Clemente ya había sido anunciada. La novedad de la carta episcopal es la gravedad de las agresiones: la diócesis informó que presentaba golpes y quemaduras en distintas partes del cuerpo y que necesitó atención médica especializada. El obispo advirtió también de las consecuencias emocionales y psicológicas de las amenazas.
El 30 de octubre, la fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, había confirmado que el sacerdote presentaba lesiones y que declaró ante las autoridades. Informó que se abrió una investigación por privación de la libertad personal y dijo que Morales había sido dado de alta. La carta diocesana posterior señaló que permanecía bajo observación médica; no se ha aclarado públicamente si ambas declaraciones se refieren a distintas etapas de su atención.
El padre Clemente Morales Topete desapareció en Culiacán el 24 de octubre y regresó por sus propios medios a su parroquia tres días después. La violencia también ha alcanzado al clero mexicano: el recuento consultado documenta un sacerdote asesinado en lo que va de 2026, el padre Román de la Cruz Hernández, mientras que el secretario general del Episcopado habló de cinco sacerdotes asesinados en los últimos dos años. Otros tres permanecen desaparecidos por casos denunciados en 2012, 2013 y 2025. Al 30 de octubre de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba 130.869 personas que seguían desaparecidas o sin localizar en México.
Herrera Quiñónez agradeció la intervención de las autoridades para que el sacerdote regresara con vida, pero exigió esclarecer la agresión y obtener resultados frente a la violencia que afecta a otras familias de Sinaloa. «No bastan los discursos ni los datos estadísticos», advirtió al reclamar mayor protección para la población e investigaciones eficaces.
El obispo pidió no señalar responsables sin pruebas ni difundir versiones que puedan perjudicar la investigación. Hasta ahora, la identidad de los captores y el motivo del ataque no han sido establecidos públicamente.
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