El pasado 6 de agosto ocurrió el peor desastre ambiental en Sonora: el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados muy dañinos para la salud y los ecosistemas, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, perteneciente al Grupo México; cuyo dueño es Germán Larrea, el tercer hombre más rico del país.
Las informaciones del Gobierno Federal señalan que esta descarga de lixiviados mineros con arsénico, níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio, ponen en riesgo a por lo menos 22 mil personas que habitan en 7 municipios aledaños a los ríos Sonora y Bacanuchi: San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo.
La ONG Greenpeace ha informado que entre los daños que pueden causar los altos niveles de metales en el agua son problemas en el sistema nervioso, daños hepáticos, pulmonares, renales, reproductivos y neurológicos, que pueden propiciar enfermedades como el Alzheimer, mal de Parkinson, saturnismo, hepatitis, cáncer, hemocromatosis o hasta la muerte, en el caso del arsénico. Multas de risa, autoridades despistadas
Los municipios afectados están recibiendo agua potable en botellas o pipas pues la principal fuente para sus actividades fue contaminada. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) anunció que Grupo México deberá pagar una multa de 40 millones de pesos y monitorear la calidad del agua en el Río Sonora cada quince días, en un periodo de cinco años, hasta garantizar que deje de ser peligrosa para la salud de los sonorenses.
Greenpeace lanza la cuestión: «¿Las afectaciones ambientales a corto y mediano plazo para 7 municipios cuestan sólo 40 millones de pesos? Definitivamente no, pero pareciera que México está de oferta para quien guste contaminar».
La misma ONG ecologista asegura que el derrame en el río Sonora es solo la punta del iceberg de la contaminación tóxica de los ríos mexicanos. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el 70% de los ríos nacionales presentan algún grado de contaminación, pero poco o nada se está haciendo para revertirlo y mucho menos para prevenir. Y acusa de que «la laxitud de leyes permite a las empresas seguir contaminando pues en teoría se les exige un “pago” o la “reparación del daño” en la zona donde ocurrió el desastre, pero sin tomar en cuenta las externalidades».
Y pone como ejemplo el derrame en el río Sonora, que no solo afecta a las comunidades aledañas al afluente sino también vulnera derechos de otras, como la tribu Yaqui que por años han luchado para evitar que se les restrinja el acceso al agua para actividades agrícolas, a cambio de que el líquido llegue a la zona urbana de Hermosillo a través del Acueducto Independencia, cuyo funcionamiento fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia. Ahora, este mandato judicial podría desobedecerse ya que el río Sonora – que llevaba agua a la ciudad de Hermosillo desde la presa El Molinito, de la cual se extraían 8 millones de metros cúbicos- está contaminado.
Tan sólo unos días después del vertido tóxico en Sonora, una mina de la empresa Proyecto Magistral provocó otro derrame en el municipio El Oro en Durango contaminando 2 mil metros cúbicos de agua con cianuro; el cual es potencialmente letal. Aunque PROFEPA acudió a tomar medidas de contención aún no se han dado a conocer las sanciones. El mensaje que el gobierno está dando es que México sigue siendo un paraíso para contaminar.
Industrias peligrosas, como en su casa por las reformas
Greenpeace advierte que la minería es una de las industrias más contaminantes, «pero no la única. No debemos perder de vista que las recientes reformas “estructurales” en México han abierto la puerta para consolidar un modelo extractivo de recursos naturales, en el que queda lejos la justicia ambiental para las comunidades y los ecosistemas, pues se priorizan las ganancias económicas sobre los derechos humanos».
«La reciente Reforma energética es un ejemplo de ello, ya que permite, entre otras cosas, la utilización del fracking (fractura hidráulica) para la extracción de gas shale. Podemos suponer por estricta lógica económica que las preguntas de algunos inversores serían: ¿Qué pasará cuando sus pozos contaminen los mantos freáticos? ¿Qué harán si falla la recolección, transporte o almacenamiento de agua o sólidos residuales radiactivos? ¿Qué acciones se harán si se afecta la salud de miles de personas? ¿Qué medidas se tomarán si se atenta contra el Derecho Humano de los mexicanos al agua y a un medio ambiente sano? Ahora sabemos la respuesta: nada», acusa la ONG.
Greenpeace señala en su página de Internet: «defendemos la precaución como el único modo de evitar accidentes tan lamentables como este reciente derrame en Sonora. Tener leyes con enfoque precautorio como la propuesta elaborada por la ciudadanía Agua Para Todos Agua Para La Vida, evitaría que la voz de las poblaciones afectadas siga siendo ignorada».
