La situación por la que atraviesa el país es «una crisis humanitaria que se ha venido gestando desde hace muchos años y que hunde sus raíces en una estructura en decadencia y en un modelo económico, político y social que genera exclusión y polarización, por lo que no basta dar soluciones de corto plazo, sino que es necesario promover cambios estructurales que nos involucren a todos: sociedad civil, iglesias y autoridades civiles», ha señalado la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (CEPS), luego de reunión plenaria, celebrada los días 25 y 26 de noviembre.
Los animadores provinciales y coordinadores diocesanos de Pastoral Social, junto a los obispos de la CEPS, compartieron experiencias sobre situaciones concretas de sufrimiento «de nuestro pueblo y los signos de muerte que se expresan en diferentes tipos de violencias, las cuales se traducen en desintegración familiar, discriminación hacia los enfermos, exclusión de los pueblos indígenas, explotación desmedida de la tierra, acoso contra los migrantes, pobreza extrema y menosprecio de la mujer».
Los representantes de la CEPS señalan que a pesar de todo, hay «luces esperanzadoras que nos manifiestan que el pueblo mexicano añora vivir de manera distinta». Y reconocen los esfuerzos que favorecen el resurgimiento de la paz y la reconciliación social, «creemos y apoyamos las legítimas iniciativas por defender la autonomía de los pueblos y sus riquezas naturales, los derechos humanos de los más vulnerables y el desarrollo solidario de las comunidades».
Monseñor José Leopoldo González, Obispo Auxiliar de Guadalajara y presidente de la CEPS, reconoció que la Iglesia católica tiene mucho que aportar a la construcción de la paz: «queremos pasar de un silencio indiferente a una actitud propositiva y creativa».
Los agentes de pastoral social señalan su respaldo a la solicitud que los obispos de México han hecho a las autoridades federales, estatales y municipales para una acción pronta y eficaz ante las injusticias, pidiéndoles estrategias para favorecer la calidad de vida de los ciudadanos y su desarrollo integral, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a sumar esfuerzos para edificar una sociedad justa, pacífica y próspera.
