Por Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de Las Casas |

El pasado día 26 de febrero, se llevó a cabo en el Ejido Puebla, municipio de Chenalhó, un importante paso en orden a avanzar hacia la paz social en la comunidad, que ha estado dividida por historias de enfrenamientos políticos y por diferencias entre religiones.

En presencia de autoridades civiles y religiosas, se entregó a la diócesis el documento que demuestra el uso legítimo y exclusivo del terreno que ocupaba la ermita católica dedicada al apóstol Pedro, y que había sido destruida por quienes confiesan una religión diferente a la católica. Nosotros siempre defendimos este derecho, en base a las leyes civiles actuales.

El párroco del lugar, Manuel Pérez Gómez, fue maltratado y encerrado por varias horas, injusta e inhumanamente, en una indecorosa letrina, con muchas amenazas, sólo por tratar de defender este derecho y por buscar la forma de conciliar las partes. Doy testimonio de que ha demostrado una gran madurez personal y pastoral; ha sufrido mucho por la paz en su pueblo; ha crecido como un buen líder a quien le preocupa, más que su bienestar personal, el bien de la comunidad. Vaya para él nuestro reconocimiento y nuestro apoyo.

Desde el año 1992, en que hubo el cambio constitucional por el que las iglesias pueden usar predios de propiedad federal, como son los templos, en forma exclusiva para los fines religiosos de la propia Asociación Religiosa, o bien poseer predios como propiedad particular, la diócesis de San Cristóbal de Las Casas declaró ante el gobierno federal que dicha ermita en el Ejido Puebla está en la lista de todos los templos católicos que han estado desde siempre en uso exclusivo por la diócesis. Con esta declaración, según la ley civil, es válido jurídicamente el uso exclusivo de esa ermita y de su territorio circundante, que es el atrio. Por ello, cualquier invasión o atropello, es un delito que debería ser penado por la autoridad; pero no nos importa ahora el castigo de ese delito, sino que se construya la armonía y la paz en la comunidad.

El gobierno estatal y las autoridades locales se comprometieron a no interferir en el uso del predio que ocupa la ermita católica en el Ejido Puebla, sino ayudar a reparar el daño causado y seguir implementando medidas de seguridad para que se viva en paz y puedan regresar los que, por este problema, fueron desplazados.

Una autoridad ejidal local es pastor de una iglesia evangélica, con lo cual se dio al conflicto interno en la comunidad un tinte de intolerancia religiosa. Esto es contrario al Evangelio que profesamos. Dañar a hermanos que son de una fe distinta, es una señal que contradice la propia fe cristiana que alguien dice profesar.

Agradecemos a todas las partes que intervinieron en este proceso por sus esfuerzos, y esperamos que se sigan dando pasos para una paz y una reconciliación sólidas y duraderas. Vivamos como nos enseña Jesucristo: amarnos como hermanos, dialogar mucho entre nosotros y nunca acudir a actos violentos, perdonarnos y unirnos.

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