Por Jorge E. Traslosheros H. |

Estoy cierto que el momento actual pertenece a quienes proponemos una cultura centrada en la dignidad humana, desde la fecundación hasta la muerte natural. Se ha pasado de la simple denuncia visceral contra el aborto, que tanto daño hizo, a una propuesta cultural por la vida sobre la base de dos realidades: la evidencia de que el concebido es un ser humano en desarrollo y la comprensión profunda de que la mujer también es una víctima del aborto. Esta práctica, legal o ilegal, deshumaniza la cultura al regatearle su valor a la vida de cada persona.

Se ha generado un proyecto que se articula con sencillez. La vida y la libertad deben brindarse generosas para el concebido y la mujer de suerte que el último recurso, de ser necesario, no sea la muerte, sino la afirmación de la esperanza por la adopción. La razón indica que ésta es la única solución que hace justicia a todas las partes, pues consolida un alto concepto de la vida de cada persona, al tiempo que otorga a cada quien lo que por derecho le corresponde que tal es el principio de la justicia. Sin embargo, para que la propuesta cale profundo en la sociedad me parece necesario reflexionar en tres asuntos torales.

Primero. Legislar a favor de la vida es importante siempre y cuando se comprenda que el derecho es cultura y crea cultura. Es primordial que la ley se articule con un trabajo cultural profundo y de larga duración. En este particular hay mucho por hacer. Las leyes impactan la cultura en la medida en que orientan la conducta social y reprueban comportamientos no deseables, pero sólo serán efectivas en su acción si responden a una exigencia cultural. El derecho podrá efectivamente promover la vida, dar salida cierta a las mujeres sin reprimirlas y castigar a quienes han hecho del aborto un gran negocio, si responden a una demanda social. Sólo cuando el derecho se hace uno con la cultura, se convierte en vehículo para articular políticas públicas y favorecer iniciativas de la sociedad civil. No debe olvidarse que el debate en curso no es en primer lugar jurídico, sino cultural. Su escenario es la sociedad civil en un contexto democrático, antes que la tribuna legislativa y el foro judicial, sin que por ello se les niegue importancia.

Segundo. Dar una oportunidad a la vida requiere no limitarse al problema del aborto. Cuando se propone la vida desde la concepción hasta la muerte natural, se asume un compromiso integral. La voz de quienes defienden al concebido debe unirse, en polifonía, a la de quienes denuncian la violencia del crimen, la desnutrición y la pobreza, las epidemias, la eutanasia, la eugenesia, la trata de seres humanos, etc. Cierto es que los católicos damos cara en estos problemas por tradición y opción; pero no somos los únicos. Todas las voces importan.

Tercero. Pensar el compromiso de los católicos a través de la geometría política es un despropósito que politiza la fe y genera división. Una trampa en la que hemos caído con sobrada frecuencia. El asunto es dar testimonio de la fe y razones de nuestra esperanza, en verdad y caridad. Lo demás sobra.

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