El Santo Padre recibió esta mañana en audiencia a una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal a quien dirigió un discurso centrado en los puntos que, en ese ámbito, interpelan a la Iglesia en su misión de evangelización y de promoción humana.
El Papa comenzó recordando a los juristas la necesidad de adoptar instrumentos legales y políticos que no caigan en la lógica mitológica del »chivo expiatorio» es decir del individuo acusado injustamente de las desgracias que afectan a una comunidad y por ellos sacrificado, y de rechazar la creencia según la cual la sanción penal consigue beneficios que requerirían, en cambio, la implementación de políticas sociales económicas y de inclusión social. También, reiterando el primado de la vida y la dignidad de la persona, reafirmó la condena absoluta de la pena de muerte, que para un cristiano es inadmisible y, en este contexto, habló también de las llamadas »ejecuciones extrajudiciales», es decir los homicidios deliberados cometidos por algunos estados o sus agentes y presentados como consecuencia indeseada del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para aplicar la ley. Asimismo destacó que la pena de muerte es utilizada en los regímenes totalitarios como »un instrumento de supresión de la disidencia política o de persecución de las minorías religiosas o culturales».
Después habló de las condiciones de los encarcelados, entre ellos los presos sin condena y los condenados sin juicio afirmando que la prisión preventiva, cuando se usa de forma abusiva constituye otra forma contemporánea de pena ilícita oculta, más allá de la legalidad. También se refirió a las condiciones deplorables de los penitenciarios en buena parte del planeta, que si a veces se deben a la carencia de infraestructuras, otras son el resultado del »ejercicio arbitrario y despiadado del poder sobre las personas privadas de libertad». Francisco habló también de la tortura y de otros tratos inhumanos y degradantes, afirmando que en nuestros días las torturas se administran no sólo como un medio para lograr un fin particular, tales como la confesión o denuncia -practicas características de la doctrina de la seguridad nacional – sino que constituyen un dolor añadido a los males propios de la detención. La misma doctrina penal- señaló- tiene una importante responsabilidad en esto por haber permitido en ciertos casos, la legitimación de la tortura en determinadas condiciones, abriendo el camino para abusos posteriores.
No olvidó el Papa la aplicación de sanciones penales a los niños y ancianos condenando su uso en ambos casos, ni tampoco algunas formas de criminalidad que hieren gravemente la dignidad de la persona y el bien común, entre ellas la trata de personas y la esclavitud, »reconocida como crimen contra la humanidad y crimen de guerra tanto por el derecho internacional como en tantas legislaciones nacionales». Entre estas formas de criminalidad citó también la pobreza absoluta en que viven más de mil millones de personas y la corrupción. »La escandalosa concentración de la riqueza global -dijo- es posible a causa de la connivencia de los responsables de la cosa pública con los poderes fuertes. La corrupción, es en si misma un proceso de muerte… y un mal más grande que el pecado. Un mal que más perdonar hay que curar».
»La cautela en la aplicación de la pena -concluyó- debe ser el principio regidor de los sistemas penales… y el respeto de la dignidad humana no sólo debe actuar como límite de la arbitrariedad y los excesos de los agentes del Estado, sino como criterio de orientación para perseguir y reprimir las conductas que representan los ataques más graves a la dignidad e integridad de la persona».
