Gilberto Hernández García |

Organizaciones de derechos humanos han denunciado una campaña de difamación en la prensa de Chihuahua, contra el sacerdote jesuita Javier Ávila, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC (COSYDDHAC) y que “pone en riesgo su integridad y seguridad”. Desde  hace tiempo tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las amenazas que ha recibido por su labor a favor de los más desprotegidos.

El padre Ávila lleva más de 30 años de labor en la Sierra Tarahumara, y ha sido reconocido internacionales por su trabajo como defensor de las comunidades indígenas.  Desde el año 2008 ha acompañado a las víctimas de la masacre de Creel.

Campaña de desinformación y calumnias

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (REDTDT) ha hecho público un mensaje dirigido al Gobierno de Chihuahua, donde expresa que como consecuencia del trabajo de Ávila con otras organizaciones defensoras de los derechos de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, sufre una campaña de difamación en su contra.

En el texto se señala que estos acosos se han dado “a partir del conflicto por la construcción del Aeropuerto Internacional en la ciudad de Creel y el gasoducto El Encino-Topolobampo, ya que ejidatarios de San Ignacio Repechique e indígenas de la región se opusieron a dichos megaproyectos y se ampararon en la ley, debido a que no hubo una consulta previa como lo dictamina el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas”.

La Red TDT denuncia en su escrito que a partir de ese amparo algunos medios de comunicación locales has estado hostigando al sacerdote jesuita y a las organizaciones que acompañan a los rarámuris en ese proceso.

El colectivo defensor de derechos humanos asevera que en noviembre de 2014 El Heraldo de Chihuahua publicó notas con afirmaciones inexactas e incluso acusaciones difamatorias en contra del sacerdote y las organizaciones; mientras que en enero de este año el periódico El Mexicano informó de una supuesta demanda penal en contra del padre Ávila y las organizaciones.

La Red TDT señaló que esa campaña pone en riesgo la vida e integridad de los defensores y forma parte de la criminalización de la defensa de las comunidades rarámuris: “Los señalamientos difamatorios y la denuncia penal que se menciona en la nota del periódico, ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas difamadas y la seguridad de los miembros de las organizaciones señaladas; al mismo tiempo que la denuncia criminaliza y abre la puerta para que se siga manipulando con falsedades la realidad y se ensucia el trabajo y la lucha honesta que se ha llevado durante muchos años por parte de estas organizaciones y sus miembros”.

Por lo mismo, exigen al gobernador César Duarte que “aclare los hechos ante los medios de comunicación y que, en caso de ser cierta la presentación de la denuncia penal, sea retirada de inmediato”.

El semanario Proceso sostiene que por lo menos 341 comunidades indígenas que se concentran en 25 centros tradicionales se verían afectadas por la construcción del gasoducto que pasa por cuatro municipios (Carichí, Bocoyna, Guazapares y Maguarichi), abarca 500 kilómetros de largo por cinco de ancho y, de acuerdo con la Consultoría Técnica Comunitaria, se planea que quede terminado en 2016, mientras que la pista y la construcción del Aeropuerto Creel ya están listos, sólo falta el mobiliario.