Por Antonio MAZA PEREDA | Red de Comunicadores Católicos |
Desde los tiempos de los romanos, esta pregunta: ¿Quién se beneficia?, ha sido una herramienta para entender situaciones confusas. Cuando no entendemos un comportamiento, cuando no nos resultan claras las motivaciones de las personas, esta es una pregunta útil. En un acontecimiento inexplicable, muchas veces la explicación se logra entendiendo quién se beneficia de esos hechos.
Ahora, en medio de una de las campañas más pobres en argumentos y razones que se recuerda en la vida política contemporánea, la pregunta que puede resultar muy relevante: ¿A quién le beneficia el desprestigio de todos los partidos políticos? ¿A quién beneficia que haya desconfianza en los resultados de las elecciones? ¿A quién le beneficia que no se lleven a cabo las elecciones? ¿A quién le beneficia el desprestigio de los valores democráticos o el escepticismo sobre que se puedan cumplir?
Son preguntas muy importantes y son difíciles de responder. Sin querer caer en las «teorías de la conspiración», parece claro que los únicos beneficiados por las situaciones arriba mencionadas son aquellos que quieren regresar a los tiempos del autoritarismo que tan certeramente describió Octavio Paz, en su concepto de «ogro filantrópico». Es claro que los únicos que se benefician con esta situación que estamos observando, son los enemigos de la democracia. Enemigos que vienen de la derecha o de la izquierda, para el caso es lo mismo. Personas que les gustaría ver en México la mano dura de una dictadura militar, personas que quisieran tener un caudillo populista que condujera el país por 30 o 40 años sin molestarse en el pedir a la ciudadanía su opinión. Caricaturizando las cosas, habría quien estaría buscando un Pinochet o un Castro. O alguna posición intermedia.
No es que no haya razones para el desprestigio o la desconfianza. La casta política se ha encargado ampliamente de dar razones suficientes para ello. Y han sido todos los políticos: aquí nadie se ha salvado. Pero, al menos en principio, no queda claro en qué los beneficia la desconfianza y el hartazgo de los ciudadanos. A no ser que vean que tienen perdidas sus posiciones si la ciudadanía vota masivamente, pero si una parte importante de la población no vota, su “voto duro” los podría mantener en el poder, porque ellos si saldrían a votar y la ciudadanía no.
No es una táctica nueva. Algunos tenemos edad para recordar las historias de nuestros abuelos sobre los tiempos en que, ellos decían, «la gente decente no salía a votar». En los treintas, en los cuarentas y aún después lo común era común que en muchas casillas hubiera balaceras, robos de urnas, hasta amenazas a los candidatos. Los candidatos perdedores en las elecciones presidenciales, generalmente terminaban en el exilio, como fueron los casos de José Vasconcelos, Juan Andreu Almazán y Ezequiel Padilla, entre otros. Posteriormente, vinieron tiempos aparentemente menos violentos, donde había mecanismos que aplicaban los «mapaches», tales como el carrusel, el ratón loco, las urnas embarazadas, que hacían que una parte importante de la ciudadanía considerara inútil participar en las elecciones. Y esa ausencia ciudadana resultaba enormemente rentable a algunos grupos políticos.
Sin duda, no faltará quien quiera regresar a esos, según ellos, «buenos tiempos». Por eso, no falta quien esté promoviendo activamente u ocultamente la abstención ciudadana. Claramente, muchos de nosotros pensamos que, entre todos los candidatos que se nos presentan nuestra consideración, no se hace uno medianamente apropiado para ejercer las funciones de los puestos a los que aspiran. Tal vez por ello los candidatos cada vez hablan menos, cada vez confían más en los mensajes publicitarios, en los mensajes pintados en las bardas y en los «pasacalles». Muchos de ellos, en cuanto abren la boca se desprestigian. Algunos, calladitos se ven más bonitos.
Pero la solución ciudadana no es la abstención. La opción del voto en blanco, aunque presenta una toma de posición mucho más clara y demuestra que sí hubo la intención de votar, es un acto vacío, dado que no hay consecuencias sobre la calificaci de las elecciones. Las leyes no prevén cancelar y reponer las elecciones en el caso de que la mayoría de los votantes sufraguen en blanco. Lo que las leyes prevén es que esos votos se anulen y que la mayoría de los votos válidos, aunque sea muy pocos, decidan quién deberá gobernarnos o representarnos.
La situación actual es una en que el ciudadano debe votar conscientemente bajo el principio del mal menor, esto es, dando su voto al que le parezca el menos malo. Triste situación; pero la pobreza de capacidades de los partidos políticos nos orillan a ello. No podemos, no debemos caer en el garlito de abandonar nuestra votación y dejarle el campo libre a quienes confían en su «voto duro». Porque es muy claro: los que se benefician con la abstención ciudadana son los dueños del voto clientelar, del voto corporativo, del voto duro, en resumen. Y, donde no haya elecciones, las opciones no son mucho mejores: o se dará continuidad de los actuales gobernantes o será el Congreso quien nombre a los sustitutos, a su criterio. No necesariamente siguiendo el criterio de la ciudadanía.
Tampoco significa que debamos de quedarnos callados. Hay que hacer vida la frase hueca de la liturgia laica: «que la patria se los demande». Cada uno de nosotros, ciudadanos, por los medios que tengamos, por las redes tradicionales o con las nuevas redes sociales, por todos los modos a nuestro alcance debemos denunciar y señalar a quienes nos han puesto en esta situación. A estos partidos que han sido incapaces de ganarse nuestra confianza, de dar buenos resultados de sus administraciones, de cumplir con las expectativas que ellos mismos crearon cuando nadie los obligaba a crearlas. Y, con toda certeza, este no es un momento para la depresión y el desánimo. Es el momento para reaccionar asumiendo nuestras responsabilidades ciudadanas y exigiendo por todos los medios un gobierno como lo que este país requiere, aunque haya quien diga que no nos merecemos.
