Por Antonio MAZA PEREDA | Red de Comunicadores Católicos |
El sainete de la semana, la discusión sobre la ley del “tres de tres”, muestra el diálogo de sordos que está ocurriendo entre la ciudadanía y la clase política. Nadie ganó. Y quien más perdió fue el país.
Después de meses de estar posponiendo la discusión de la propuesta de la ley para combatir la corrupción, después de mandarla a un período extraordinario de sesiones, finalmente al Congreso le entraron las prisas. En un tiempo récord discutieron, modificaron, e hicieron pasar por las dos Cámaras una ley que a nadie ha dejado contento.
Ahora, cuando se conoce el nuevo texto, es cuando empiezan a verse toda clase de críticas, se le han encontrado toda clase de defectos, que dan la impresión de que la discusión se hizo a espaldas de la ciudadanía, en las madrugadas, sin que se diera tiempo ni espacio para una discusión más a fondo.
Una vez más, nuestra clase política ha perdido una excelente oportunidad de mostrar que hace un esfuerzo por entender y atender las necesidades de la ciudadanía. En lugar de encontrar el modo de dar una satisfacción lo más completa posible a las demandas ciudadanas, se dedicaron a buscar el modo de «quitarle dientes» o «descafeinar” a la propuesta que se les presentó a avalada por más de 600,000 firmas. Simultáneamente, en una ocurrencia de última hora y en las altas horas de la madrugada, con el cansancio de todo un día de sesiones, se les ocurrió endurecer las leyes incorporando al sector privado y a particulares como sujetos a estas mismas declaraciones que se están exigiendo a los funcionarios públicos.
Lo cual, obviamente, fue visto y denunciado como una venganza contra el sector privado por haber estado presionando en favor de estas propuestas. Con eso estamos en el peor de los mundos. La clase política, que podría haber hecho todo lo necesario para demostrar que estaban dispuestos a atender un clamor ciudadano que les está quitando votos y, sobre todo, confianza del electorado, actuó de manera que ahora quedaron peor que antes. Uno se pregunta: ¿por qué no pidieron a un debate público las modificaciones que iban a proponer antes de convertirlas en ley? ¿Por qué acelerar la revisión de la Cámara de Diputados en lugar de hacer una discusión amplia de la propuesta de la Cámara de Senadores? Acaso querían dar una imagen de decisión, de una atención pronta a la demanda ciudadana para tratar de borrar la imagen de que estaban posponiendo el asunto.
Todo esto nos lleva a suponer, con bastante certeza, que siguen sin entender a la ciudadanía. Ni los votos de castigo, ni la caída en los niveles de confianza de la clase política han sido suficientes para que tomen en serio su relación con los mandantes, es decir, con la ciudadanía. Siguen con el modelo de ser quienes les dicen a la ciudadanía que es lo que les conviene y tomar decisiones sin importarles cuáles serían las reacciones ciudadanas. Siguen sin entender que los ciudadanos ya no aceptan el papel de vasallos, dispuestos a callar y obedecer. Siguen, me temo, en los principios del siglo XIX.
Y luego se admiran de que exista un «mal humor social». Siguen quejándose de que no se les aplauda. Siguen dando mil explicaciones a cual más esotérica, de porque pierden puestos de elección. Claramente no han entendido que el votante del siglo XXI ha cambiado fundamentalmente. No han entendido que no es tonto. No han entendido que muchas veces votan por el menos malo, porque todavía creen en la democracia. Pero que la clase política cada vez es vista como menos representativa del sentir ciudadano. Y esto es un problema grave. En un sistema democrático como el que tenemos, aún con todas sus fallas, el sustento fundamental es que los votantes se sientan representados por sus elegidos. Sin eso, el apoyo básico del sistema desaparece.
Y probablemente eso no es lo único que no han entendido. Claramente, la clase política y posiblemente una parte importante del electorado, no tenemos del todo claro lo que significa la corrupción y el modo concreto como debe reducirse. Podemos caer en las explicaciones del tipo de que «se trata de un problema social», lo cual nos absuelve de la urgencia y de la responsabilidad de limitar esta lacra.
Al imponerle al sector privado y a una parte importante de la ciudadanía estas medidas para controlar la corrupción, están siguiendo al dictado de uno de los presidentes más señalados como corruptos, que tuvo la frase genial de «la corrupción somos todos». Y, de acuerdo a ese dictado, a todos hay que controlarlos de la misma manera. Sí, estoy de acuerdo en que nos falta tener mejor claridad y mejor conciencia de lo que significa la corrupción. La padecemos, entendemos algunos de sus mecanismos, pero todavía nos falta mucho para entender a fondo este fenómeno. Pero, en particular, el que los políticos nos estén dando lecciones de cómo reducir la corrupción, es como si un pez nos tratara de dar lecciones de cómo permanecer seco. Cuando toda su vida se ha mantenido viviendo dentro del agua.
¿Qué podemos hacer para que los que no entienden finalmente entiendan a la ciudadanía? Claramente no va a ser fácil. Ciertamente, no están leyendo las señales que la propia ciudadanía les está enviando. Sin ver lo obvio, siguen buscando soluciones mediáticas, declaraciones sonoras, explicaciones poco creíbles, suponiendo que con eso se resuelven los problemas de fondo. Sus encuestadores les siguen dando resultados «a modo». Se creen lo que se dicen los unos a los otros. Tristemente, no se ve en ellos una voluntad de rectificar.
