Por Mónica MUÑOZ |

Constantemente somos testigos de matanzas, robos, discusiones que terminan en tragedia, ataques injustificados y muchas manifestaciones en contra de tal o cual situación, motivadas por la inconformidad de la sociedad actual de nuestro país, siempre con el mismo hilo conductor: la violencia que no deja lugar al diálogo y la comprensión entre las partes afectadas. ¿Qué está ocurriendo?

Además, tal parece que cada vez es más fácil para muchas personas sobrepasar los límites del respeto y la tolerancia, casi siempre por falta de dinero, pues debido a la situación económica de nuestra patria en la que casi el 60 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza que se traduce como carencia en los servicios básicos de educación, salud, seguridad social, alimentación  y  vivienda, de acuerdo a un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), resulta una opción viable y al alcance de la mano cometer algún delito para solventar la urgencia.

Por lo tanto, teniendo tantas necesidades, es comprensible, hasta cierto punto, que las personas busquen la forma de llevar alimento a sus casas.  Nada justifica, por supuesto, que se dañe la integridad o patrimonio ajenos para conseguir el pan diario.  Sin embargo, ya no se trata nada más de alimento, estamos hablando de crímenes cometidos con la promesa de adquirir dinero fácil para llevar una vida de relativo lujo sin esfuerzo alguno.  Por eso a diario nos enteramos de que los infractores son cada vez más jóvenes, porque piensan que más vale vivir poco, pero bien.

Esta situación es alarmante y tal parece que la opinión pública nada puede  resolver, por lo que nuestras autoridades han decidido considerar que la edad mínima para infringir leyes penales es de 12 años, lo que no ha cambiado en nada la situación de delitos en México.  Basta recordar el caso del famoso “Ponchis”, “el niño sicario”, implicado con el Cártel del Pacífico, que a sus 14 años contaba ya con un largo historial delictivo que comenzó a los once, con un asalto a un negocio; en esa ocasión lo dejaron libre por ser menor de doce años.

Pero entendamos que los niños aprenden lo que ven en sus casas.  Por ello, para procesar penalmente a un menor, hay que tomar en cuenta muchas variables, como el desarrollo biológico, que determina si el sujeto activo tiene la madurez intelectual necesaria para conocer y comprender la naturaleza de sus actos o el psicológico que se refiere a la salud mental.

Según especialistas del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, el desarrollo psíquico del menor está ligado al perfeccionamiento de sus funciones cerebrales y a sus particularidades biológicas, y tiene lugar en el proceso de educación y enseñanza de los adultos, quienes organizan su vida y crean las condiciones necesarias para su desarrollo.  Afirman también que el niño comienza a asimilar la experiencia de las otras personas aun antes de aprender a hablar e imita la manera de actuar del adulto, procurando hacer lo mismo que las personas que le rodean, al tiempo que va adquiriendo conocimientos y habilidades; por lo que deben tomarse en cuenta tales circunstancias para determinar el tratamiento legal que se le debe dar cuando infringe las leyes penales.[1]

En otras palabras, los niños aprenden lo que se les enseña con el ejemplo. No esperemos, pues, que la solución a los problemas de inseguridad caigan del cielo, debemos ser responsables y hablar con nuestros hijos para que entiendan que están rodeados de peligros y que deben resistir a las malas influencias, sin olvidarnos de inculcarles valores como respeto, honestidad, honradez y verdad, por citar sólo algunos.

Además debemos considerar que la unión hace la fuerza, dejemos de ser indiferentes ante el sufrimiento e infortunio de los demás, si nos organizamos para cuidarnos unos a otros y fomentamos la cultura de la prevención, podremos ver en poco tiempo buenos resultados.  Y ante la apatía de las autoridades, exijamos civilizadamente nuestros derechos.  Seamos parte de la solución, no del problema.

 

 

 

 

 

 

[1] (Calero Aguilar, Andrés, El Nuevo Sistema de Justicia para Adolescentes en México, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, págs. 242-243)

 

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