Siempre es difícil hacer un balance noticioso del año que termina. Son muchos los acontecimientos que marcaron al país que merecen ser mencionados y, sin embargo, hay algunos que permanecen dolorosamente constantes en el registro de cada ciclo. Me refiero en específico a los asesinatos de periodistas y de ministros religiosos, cuyos sendos reportes puntuales ayudan a comprender el clima social que prevalece en México.
En el primer caso, el informe anual de Reporteros Sin Fronteras registró nueve periodistas asesinados en México durante el 2016, lo que terminó ubicando al país como “el más peligroso para la prensa de entre todas las naciones que no están en guerra”. Y, en el tema de los ministros religiosos, el Centro Católico Multimedial registró los asesinatos de tres sacerdotes católicos y dos intentos de secuestro frustrados. En el 2016, México refrendó su título de campeón en estas áreas, en una tendencia que desde hace una década parece no disminuir.
No sólo las muertes de estos dos tipos de servidores sociales causan preocupación; las condiciones en las que realizan su labor y su oficio ubican a México en un singular vecindario internacional de países en guerra, sumidos en conflictos geopolíticos y religiosos, naciones que sufren un abierto intervencionismo de potencias militares y económicas o cuyos niveles de corrupción e impunidad amenazan las funciones básicas de sus gobiernos.
México lleva ya varios años que se asentó en este peligroso vecindario mundial (junto a Siria, Afganistán, Irak, Yemen y Venezuela) y los asesinatos de periodistas y sacerdotes son sólo un reflejo de su código postal. Los casos de profesionales de la información y de ministros religiosos ultimados son un tema importante porque representan a dos de las estructuras intermedias de la sociedad cuyo servicio se traduce indefectiblemente en cultura, conocimiento, experiencia y costumbres de una población.
Las estructuras intermedias (como son los medios de comunicación y las iglesias) son precursoras y dinamizadoras de cultura. Son espacios y comunidades donde se ‘cultiva’ y se modula la convivencia, el diálogo y el servicio; son espacios que hacen lo que el ejercicio de poder institucional no puede. Porque allí donde las autoridades instruyen, ordenan, comandan o sancionan las acciones a cumplir por la gente; las organizaciones intermedias transmiten, interpretan, enseñan y discuten. Secuestrar y asesinar a los líderes o protagonistas de estas estructuras es romper uno de los más sensibles procesos de socialización, formación y coexistencia.
Con todo, los periodistas y los ministros silenciados no son el único sector intermedio en riesgo (quizá los más visibles) pero también lo están las escuelas y universidades, los negocios particulares y el pequeño empresariado, los servicios médicos y las organizaciones de la sociedad civil. De todos estos hay muy poca –si no nula- información sobre las situaciones de riesgo en que se encuentran.
Los casos de extorsiones, amenazas, secuestros, atentados y asesinatos de profesores, artesanos, comerciantes, doctores o defensores de derechos humanos son el saldo negro invisible de nuestro país. La intimidación contra estos articuladores de comunidad redunda en un silencio e inmovilidad social que abre espacio a los poderes fácticos, los cuales disputan áreas de influencia a las autoridades formales y propician desesperadas sobrerreacciones militares para intentar controlar lo ingobernable.
Esperemos que el 2017 no sólo se visibilicen los problemas que viven las estructuras intermedias de la sociedad mexicana sino que se reduzcan los riesgos en los que ofrecen sus dones y sus servicios porque es sólo a través de ellas como se hace palpable la idea de nación, la idea de un pueblo con un propósito y un ideario compartido. @monroyfelipe
