Con el asesinato del sacerdote Luis López Villa, párroco en el municipio Los Reyes La Paz, en el Estado de México, suman ya dieciocho ministros católicos ultimados en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, tres más que en todo el gobierno de Felipe Calderón, y aún falta año y medio para que concluya. Y las cifras, sin embargo, no son para jactancia del panista, entre 2006 y 2012, el asesinato de ministros religiosos se triplicó: pasó de 5 a 15 homicidios.En diciembre del 2016, el sacerdote Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial -instancia que permanentemente da seguimiento a los crímenes perpetrados contra sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos de la Iglesia católica en México-, ya auguraba que “el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto se perfila como el más negro de la historia moderna de México para el ejercicio del sacerdocio”. Y, por desgracia, tuvo razón.
Como en la mayoría de los crímenes contra sacerdotes en estas dos últimas décadas, el asesinato de López Villa parece no guardar relación con actos contra la fe u odio a la profesión religiosa de la víctima; las acciones se asemejan a los crímenes cotidianos que lamentablemente se multiplican a lo largo y ancho del país. Porque no sólo se trata de ministros, este sexenio ya rebasó el número de homicidios y ejecuciones del narco que en la etapa calderonista bautizada como “la guerra contra el narco”.
El sacerdote López Villa tenía 73 años, era originario de Michoacán, y desempeñó su ministerio sacerdotal en diferentes parroquias, por lo menos en la VIII Vicaría Episcopal, al sur de la Ciudad de México, y en la diócesis de Nezahualcóyotl, en esta última en la iglesia de San Isidro Labrador, a poca distancia de la estación terminal de La Paz del tren ligero.
La muerte del ministro forma parte de una serie de actos violentos que no cesan en la zona conurbada a la Ciudad de México; tan sólo el reporte de feminicidios (asesinatos de mujeres derivados de violencia de género) suma 131 crímenes contra mujeres del Estado de México en lo que va del año y, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en esta entidad cada cinco horas hay un homicidio, cada tres horas un robo de vehículo con violencia y cada dos días un secuestro.
Pero no es sólo el centro del país. Los sacerdotes asesinados en este año eran de Coahuila y Nayarit: en enero se reportó el homicidio del sacerdote Joaquín Hernández, de la diócesis de Saltillo; y en marzo del ministro Felipe Altamirano, de la Prelatura de El Nayar.
Esta situación ha colocado a México como el peor país para ejercer el sacerdocio por ocho años consecutivos porque no sólo crece el temor por los crímenes que terminan con la vida de los sacerdotes. El Centro Católico Multimedial registraba 520 agresiones criminales a sacerdotes en los primeros tres años del sexenio de Peña y advertía que las extorsiones y amenazas “se habían elevado en casi un 70% principalmente en los estados de Veracruz y Michoacán”.
Por si fuera poco, el robo a templos y parroquias se ha disparado en zonas urbanas; representa el 44% de las agresiones y delitos contra instancias religiosas. Apenas el 3 de julio pasado, tres hombres encapuchados entraron a la parroquia de las Llagas de Nuestro Señor Jesucristo en la colonia Juventino Rosas de la Ciudad de México, amagaron al sacerdote, robaron las alcancías, el auto del cura y otros objetos de valor; pero tras comprobar que “no era el hombre que buscaban” le perdonaron la vida.
El sacerdote Luis López Villa fue herido de muerte en el cuello por una presunta arma punzocortante mientras estaba atado y amordazado con cinta adhesiva. La investigación del ministerio público supone que fueron delincuentes que se metieron a la casa parroquial para robar y que, terminaron ultimando con crueldad al ministro que allí vivía.
