A más de 10 días del sismo del 19 de septiembre y tres semanas del sismo del 7 de septiembre, no hay todavía un recuento preciso de los daños. Hay una cifra oficial de 300,000 damnificados del primero y solo un estimado del número de muertos del segundo.
Al principio, justamente cuando se anunció que el número de damnificados del primer sismo era de 300,000, las cámaras de diputados y de senadores anunciaron que donarían entre ambas poco más de dos millones de pesos. Una cantidad absurdamente pequeña: suficiente para dar un refresco a cada damnificado, si se compra a precio de medio mayoreo. Ridículo. Después anunciaron un aumento sustancial de sus aportaciones, pero aún muy insuficiente.
La sociedad exigió que el dinero destinado a las campañas políticas y las prerrogativas de los partidos se dedicaran a este fin. Tras jaloneos y muchas argumentaciones, los partidos accedieron a no recibir una parte o la totalidad de esos dineros, para que fueran destinados a la reconstrucción. Alguno lo aceptó, pero condicionando a que ellos lo entregaran directamente a los damnificados. Lo cual huele fuertemente a compra de votos, por más que un grupo de “notables”, ninguno de ellos auditor, se asegure que el dinero no se pierda. Lo cual no quita el hecho de que, al entregar directamente los apoyos, habrá un lucro electoral.
En fin, que ha ocurrido una verdadera danza de números donde se habla de cantidades muy serias, como 38,000 millones de pesos. Ya el Gobierno anunció que no le alcanza y pidió a la iniciativa privada que apoye. En particular a las empresas constructoras, tal vez pensando en que la reconstrucción será un negocio muy jugoso para ellos y que de sus grandes utilidades podrán ceder una parte importante. Porque es cierto. La reconstrucción será, sin duda, el negocio del sexenio.
Todo esto en momentos en que no acaban de resolverse los atrasos y deficiencias en el sistema nacional anticorrupción. Ya hemos tenido casos de gobernadores que desvían la ayuda privada a las bodegas del DIF y quieren ser el único canal para entregar la ayuda. Aun si no se diera el lucro personal al malversar esos recursos, el uso de la ayuda a la población para mejorar la imagen política es inevitable. No hay autoridad anticorrupción que pueda evitarlo y el Instituto Nacional Electoral, fuertemente partidizado, no ha abierto la boca sobre el asunto. Y es que esa ayuda en especie, donativo de la población, es muy difícil de controlar y fácil de malversar porque no deja huella. Cuando los donativos se hacen a través de cuentas bancarias, es otro asunto. Ahí sí hay posibilidad de medir cuánto se entregó.
En cuanto a la ayuda empresarial, supongo que es difícil evitar que se busque la mejora de su imagen pública, Ya empieza a haber anuncios sobre los montos que cada empresa entrega, ampliamente publicitados. Aquello de que cuando des, tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, no ocurre. Se está buscando un premio, sea en imagen, sea en reducción de impuestos. Y es legal, por supuesto. Pero no es tan meritorio como la viejita descalza que da dos tortas o las familias que entregan despensas sin buscar la buena fama o reducir su carga fiscal.
No cabe duda de que tragedias de esta magnitud dejan ver la verdadera naturaleza de las personas y los grupos sociales. Ante la calamidad, la población, sobre todo los jóvenes, reaccionaron con prontitud, desprendimiento, valentía y sin buscar su beneficio, con alegría. Y así lo hicieron muchos otros sectores. Por otro lado, no faltan personas y grupos que ven en la tragedia la gran oportunidad de beneficiarse. Tengo la certeza de que estos últimos son minoría. Pero, desgraciadamente, son los poderes oficiales o fácticos. Por ahora. El día que la mayoría silenciosa, los sin poder, hagan oír y valer sus voces, habrá otra situación.
