El Cardenal de Caracas Arzobispo Jorge Urosa fue el primero en denunciar el régimen chavista de Venezuela como “totalitario”. Ahora, los herederos de Hugo Chávez quien, después de su muerte anunciada el 5 de marzo de 2013, se convirtió en un dios para los suyos, han proclamado una “Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia“ que salió en gaceta oficial el pasado 8 de noviembre. Esta ley es un ejemplo de estudio del totalitarismo y de su modo de proceder.
Para comenzar, la ley decreta los valores de “vida, paz, amor”, entre varios otros. “Fraternidad” y “hermandad” también cuentan expresamente entre los valores que el Estado venezolano promueve con esta ley, sí, las dos.
El texto de la ley deja bien claro que todos deben colaborar para trabajar contra el odio y promover vida, paz y amor, incluyendo las organizaciones religiosas:
“Los órganos, entes del Poder Público, las Misiones, los Consejos Comunales, las Comunas, las organizaciones políticas, culturales, deportivas, religiosas, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, adultas y adultos mayores, jóvenes y la sociedad en general, deberán realizar acciones educativas, culturales, sociales, deportivas, artísticas, recreativas y comunicacionales, dirigidas a la promoción de la cultura de paz, tolerancia, respeto, pluralismo y diversidad. Las obligaciones previstas en este artículo son aplicables a las empresas públicas y privadas, así como las unidades socioproductivas comunales.”
Pero, desde luego, lo que prohíbe la ley es lo más interesante. Prohíbe usar las redes sociales y los medios de comunicación para emitir mensajes de odio, de lo que el gobierno considera como odio, por supuesto.
La ley exige la prohibición de partidos políticos que la contravengan. La persona física que la contravenga puede ser castigado con 10 a 20 años de prisión. (La pena máxima por homicidio, en Venezuela, es de 18 años.) A las estaciones de radio y televisión que no la cumplan se les revocará la concesión. Portales de internet serán bloqueados.
El artículo 24 de la ley perfecciona esta herramienta ejemplar del totalitarismo: el funcionario policial o militar que “voluntariamente se abstenga, omita o retarde intervenir para evitar la consumación de cualquiera de los hechos punibles establecidos en la presente Ley o para detener a la persona respectivamente responsable” será castigado con prisión de ocho a diez años. Con esto, cada policía o militar venezolano se convierte en juez, en juez de vida, paz y amor al servicio de la dictadura totalitaria. Esperemos la primera detención de un sacerdote cuando se pronuncie sobre cuestiones de género, por ejemplo, o a favor de los presos políticos acusados de no amar conforme a la ley.
