Los obispos de México publican documento que prohíbe prácticas que hasta hace poco no eran sancionadas por la Iglesia católica.
Por Felipe Monroy
Tomó casi los dos periodos de presidencia del cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, al frente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), pero la ruta hacia una nueva cultura de prevención, atención y respuesta ante potenciales casos de pederastia en la Iglesia católica aseguró forma bajo las «Líneas Guía del Procedimiento a Seguir en Casos de Abuso Sexual de Menores por Parte de Clérigos».
Los obispos de México publicaron este 11 de junio extractos del antes citado documento como respuesta a las peticiones del Papa Francisco de «cero tolerancia a la cultura de abuso y al sistema de encubrimiento que le permite perpetuarse» en el seno de la Iglesia. Esto, en el marco de la aceptación de tres renuncias del medio centenar que los obispos chilenos presentaron al Pontífice tras reconocer que el problema les superaba y con las que reconocieron necesitar asistencia y dirección desde el Vaticano.
En México, los pastores de la grey católica aceptan que el abuso sexual infantil dejó «gravísimas consecuencias» para las instituciones religiosas del país y, por ello, comunicaron que en noviembre del 2016 se aprobaron las «Líneas Guía» frente al abuso sexual de menores, que los obispos acogieron las disposiciones del Papa Francisco a través del cardenal O’Malley, presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores y que se elaboró un «Protocolo de Protección de Menores» aprobado en 2017.
No son ni el primer protocolo ni las primeras líneas de acción contra la pederastia que elaboran los obispos mexicanos; tras las acusaciones contra el entonces arzobispo de México, cardenal Norberto Rivera Carrera, la Arquidiócesis de México publicó en 2010 unas orientaciones generales para que tanto los obispos auxiliares, superiores de congregaciones y sacerdotes en general tuvieran conocimiento sobre las disposiciones legales y las responsabilidades civiles y penales que los clérigos asumían frente a estos crímenes. Y a nivel nacional, en 2012, tras la instrucción del Papa Benedicto XVI a los obispos mexicanos a elaborar unas guías de prevención y combate al abuso sexual, el obispo de Tula, Pedro Juárez Meléndez, fue el responsable de liderar el proyecto.
Pasaron cuatro años más para que finalmente se tuvieran íntegras las «Líneas Guía», un documento de 26 páginas dividido en tres secciones generales que abordan desde «el compromiso con la transparencia y el sentido de responsabilidad, la cooperación con las autoridades del Estado, los derechos de la víctima, la asistencia al acusado, la formación de futuros clérigos y los mecanismos del proceso canónico para la investigación e integración de la denuncia.
«Reconocemos que, en el pasado, por diversas circunstancias no se actuó como era debido. Por otra parte, se debe poner atención a los casos de algunas personas que haciéndose pasar por víctimas han inventado un abuso sexual para sacar o intentar obtener un beneficio económico o para manchar y dañar la reputación del clérigo», explican los obispos.
El documento prohíbe prácticas que hasta hace poco no eran sancionadas por la Iglesia católica como el traslado de clérigos acusados a otras diócesis o de congregaciones religiosas a la vida diocesana; las «Líneas Guías» también recuerdan que es deber de la Iglesia católica el colaborar con las autoridades civiles competentes «proporcionándoles la información recabada en nuestros Tribunales Eclesiásticos, siempre y cuando medie un mandado judicial o del Ministerio Público debidamente fundado y motivado».
En el tercer apartado del documento se detallan los pasos del «proceso canónico» con el que se reciben las denuncias, se investigan, de dirimen las responsabilidades institucionales, se resguarda la confidencialidad del caso, así como la buena fama, la dignidad y el respeto de todas las personas involucradas.
Las «Líneas Guía» proponen que a los acusados también se les debe asistir: «Deberá someterse a un programa terapéutico inspirado en los modernos protocolos clínicos especialmente elaborados para tratar patologías» y recuerda que, si la denuncia es falsa, el denunciante incurre en entredicho lateae sententiae la cual puede ser sancionada «con una pena justa y obligar a quien ha calumniado a dar la satisfacción conveniente».
«Debemos estar al lado de todos aquellos que han sido heridos y han sufrido. Un día las víctimas de abuso sexual nos mirarán no como a un enemigo sino como a su defensor y amigo. Todavía ese día no ha llegado y, por lo tanto, no somos completamente la Iglesia que debemos ser, un hogar seguro para las niñas, niños y adolescentes», concluye el histórico documento.
Publicado en la edición impresa de El Observador 17 de junio de 2018 No. 1197
