Por Gilberto Hernández García*

La señora Vicky Gordillo, coordinadora de la Casa del Migrante «Jesús, esperanza en el camino», de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, me llamó temprano para decirme que en el albergue se encontraban los migrantes que habían sido reportados como desaparecidos desde hacía tres semanas. Me pedía que fuera a darles auxilio espiritual: «Quieren rezar, escuchar alguna palabra de aliento; necesitan ser consolados».

Cuando llegué a la Casa del Migrante se percibía un clima de duelo. Las personas, en pequeños grupos apretados, estaban en la estancia. Si bien es cierto que tienen el alivio de haber sido liberados, hay en sus rostros signos del trauma vivido:

«Estaban asustadas, temerosas, desconfiadas y, como es normal en estos casos, con un sentimiento o delirio de persecución», señala la señora Gordillo.

«Fue el infierno»

Fueron 22 días los que pasaron secuestrados. Salieron de La Mesilla, Guatemala, el 1 de agosto; los polleros les habían cobrado 160 mil pesos a cada uno por llevarlos de la frontera entre Chiapas y Guatemala a Estados Unidos, con una escala en el estado de Puebla.

Sin embargo, dos días después, en Comitán, la camioneta en la que iban los 23 migrantes desvió su rumbo y se internó en un camino de terracería para llegar a Saclamantón, en el municipio de San Juan Chamula, a siete kilómetros de San Cristóbal de las Casas.

Los migrantes —seis mujeres, ocho hombres, dos niñas y siete niños, originarios de Guatemala, Honduras, el Salvador y Ecuador— fueron internados en una casa, donde los secuestradores les obligaron a proporcionar datos de sus familias en Centroamérica y en Estados Unidos para pedir rescate y mantenerlos con vida.

«Fueron días de mucha angustia —me cuenta una de las mujeres—. Constantemente nos amenazaban con matarnos o violarnos; los alimentos eran escasos». Los secuestradores les grabaron videos, que mandaron a los familiares, donde los migrantes les suplicaban que consiguieran el dinero exigido. Fue un constante martirio «que prefiero no recordar», «lo único que hacía era pedirle a Dios que les ablandara el corazón a los secuestradores».

Gracias a Dios, en un descuido de los que los custodiaban, la madrugada del 21 de agosto un joven hondureño de 23 años logró huir; como pudo llegó a un poblado cercano donde lo auxiliaron y apoyaron para ir a las autoridades.

Finalmente, el domingo 26 de agosto los migrantes fueron rescatados con vida y se detuvo a tres presuntos plagiarios.

Crisis humanitaria

Lamentablemente, Chiapas es uno de los estados donde con mayor frecuencia los migrantes son violentados en sus derechos, y su vida se pone en riesgo. Pero no es el único lugar. Según datos del Instituto Nacional de Migración, entre 2012 y 2017 se denunciaron 2 mil 912 delitos contra migrantes; aunque a decir de los defensores de derechos humanos de las personas migrantes, esas cifras no son sino una minúscula porción de la realidad. «Muchos migrantes prefieren no denunciar, optan por el silencio», señala la organización pro-migrante Sin Fronteras.

«La población migrante que pasa por México busca cruzar desapercibida. El problema es que esa invisibilidad, que para ellos es una manera de protegerse, para nosotros significa no conocer la magnitud de los hechos que sufren», dice Nancy Pérez, directora de Sin Frontera, en una entrevista de un diario nacional.

Desde 2009 la Iglesia católica ha venido insistiendo en la existencia de una «crisis humanitaria» de gran envergadura respecto a los migrantes en tránsito por México. La situación de abuso que históricamente habían padecido los migrantes dio un giro con el descubrimiento de una fosa clandestina con 72 cadáveres de migrantes, en San Femando, Tamaulipas, en el año 2010. Podemos decir que «fue el inicio de una violencia extrema contra la población migrante», indica Leticia Gutiérrez Valderrama, religiosa defensora de derechos humanos.

«Se dio un cambio radical. Era común escuchar de robo, abuso de autoridad y extorsión; cuando inició la guerra contra el narcotráfico pasaron de delitos menores a delitos mayores como el secuestro, reclutamiento del crimen organizado, violaciones, ejecuciones masivas y tráfico de órganos», denuncia Sin Fronteras.

«Es una pena que las autoridades, de seguridad y migratorias, no atiendan debidamente el problema de los secuestros de migrantes, particularmente los provenientes de países centroamericanos, actos que son cada vez más violentos y frecuentes«, señaló Leticia Gutiérrez.

Búsqueda angustiosa

Desde el año 2006 varias organizaciones defensoras de derechos humanos han venido documentando la situación de los migrantes en tránsito por México. Entre esas organizaciones está el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), que ha venido dando a conocer, de primera mano, la situación que sufrían los migrantes centroamericanos en tránsito.

En Honduras, el MMM conoció a un grupo de madres que había intentado llegar a México para buscar a sus hijos desaparecidos.

Sin embargo, las mujeres no tenían ni los recursos ni los conocimientos suficientes para conseguirlo. Así, nacieron las Caravanas de Madres de Centroamérica, impulsadas por la organización.

«Había que ayudar a esas madres. La desaparición de los migrantes en México es un problema de dimensiones inimaginables. Obviamente, no hay datos exactos, porque son los invisibles. Y los desaparecidos son los invisibles dentro de los invisibles», explica en una entrevista la fundadora y presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano, Marta Sánchez Soler.

No obstante, la activista y socióloga cita un estudio que habla de 120 mil migrantes desaparecidos desde 2006, la mayoría de ellos entre los años 2011 y 2016, debido al incremento de la violencia en el país.

Desde su creación, la Caravana de Madres ha encontrado a 269 migrantes desaparecidos, aunque muchos más se han podido comunicar con sus familias posteriormente, gracias a «la oleada de conocimiento y también de contactos» que las caravanas van dejando en las comunidades.

Sin embargo, la activista indica que, además de la búsqueda de aquellos que no han dejado rastro, los objetivos de las caravanas de mujeres son la denuncia, «no permitir que vuelvan a quedar en el olvido» y «lograr la solidaridad del pueblo de México».

«No hay mejor embajador de buena voluntad que la cara de estas madres», señala la defensora de derechos humanos.

* Asesor diocesano de la pastoral social-Cáritas de la arquidiócesis de Tuxtla; sacerdote y periodista.

TEMA DE LA SEMANA: MÉXICO, EL PAÍS DE LOS QUE «DESAPARECEN»

Publicado en la edición impresa de El Observador del 30 de septiembre de 2018 No.1212