Por P. Fernando Pascual
En el pasado y en el presente hay quienes defienden que algo es bueno porque lo permiten decisiones de los gobernantes o leyes de los parlamentos.
Dos casos, entre tantos otros, ilustran esta tesis. Si un Estado permite la esclavitud, sería algo permisible. Si otro Estado aprueba el aborto, se convertiría en una opción legítima.
Ante estos ejemplos, y se podrían añadir muchos otros, algunos señalan que basta la ley para que un comportamiento resulte aceptable, bueno, justo.
Desde el amor a la justicia es posible reconocer que no todo lo mandado por las autoridades sea automáticamente justo y bueno, como también ocurre que muchas cosas buenas han quedado o están todavía hoy fuera de la ley.
La Segunda Guerra Mundial, y otros momentos críticos de la historia, han mostrado hasta qué nivel de atrocidades puede llegar el arbitrarismo estatalista, desde el cual normativas avaladas por las autoridades han provocado el crimen de miles de personas inocentes.
Frente al peligro estatalista, figuras como Antígona (en la literatura) o Sócrates (en la filosofía), o como otros pequeños o grandes héroes de muchos lugares del planeta, reflejan que por encima del Estado hay una ley superior: la de la auténtica justicia.
Una justicia, como la historia lo testimonia dramáticamente, que no siempre ha sido respetada por los gobernantes, sin que por ello deje de tener importancia como criterio último para valorar la bondad o maldad de una ley.
Porque lo justo lo es con o sin el apoyo del Estado, precisamente porque precede cualquier normativa, lo que lo convierte en el criterio que permite determinar si una ley sea estatalista (es decir, abusiva) o realmente orientada al bien común.
