El desconcierto causado por las medidas gubernamentales con respecto a la gasolina ha puesto de cabeza a millones de mexicanos. El combate al robo de combustible es loable. La estrategia seguida fue y sigue siendo un completo desastre.

Quien haya hecho fila en una gasolinera por más de media hora –hubo quien tardó días— se habrá sentido humillado, usado, perjudicado por los que ordeñan los ductos, por los políticos, los funcionarios de Pemex, los concesionarios del servicio y los «servidores» públicos que los protegen, como por el nuevo gobierno que, supuestamente, los persigue. Es horrible ser ciudadano y rehén.

El presidente López Obrador está estirando la liga en un país que arrastra la cuenta negra de 200,000 muertos y 40,000 desaparecidos desde 2006, cuando Calderón le declaró la guerra al narco. Como en el charco de gasolina de Acambay (producto de la ordeña y de la rapiña popular), un chispazo podría desatar la catástrofe. Y ese chispazo sale, rutinariamente, de la crispación social. Es política suicida (o riesgo calculado) desatar al México bárbaro.

Nuestro país necesita una buena política a la manera que la definió el Papa Francisco en su mensaje del 1 de enero: aquella que «está al servicio de la paz; respeta y promueve los derechos humanos fundamentales, que son igualmente deberes recíprocos, de modo que se cree entre las generaciones presentes y futuras un vínculo de confianza y gratitud».

El que estira la liga sabe que un día se va a romper. Si desea que se rompa, es un tirano. Si no propicia el conflicto y se somete al principio del bien común, es un verdadero demócrata. Eso no significa que no persiga a los huachicoleros y sus cómplices. Que lo haga, pero sin tomar el tiempo del ciudadano como moneda de cambio.

El Observador de la Actualidad

Publicado en la edición impresa de El Observador del 20 de enero de 2019 No.1228