Cuando se quiere poner fin a una guerra, el bando que va ganando es el que pone las condiciones al que va perdiendo; y no se firma la paz sino hasta que, tras las negociaciones, se encuentran las garantías necesarias para que ambos puedan dar y recibir aquello que acordaron. Pero lo que ocurrió en México en torno a la Guerra Cristera rompió por completo con esta lógica.
Era tan claro que los cristeros ya no podían ser derrotados por la vía de las armas que en1929 Estados Unidos, a través de su embajador en México, Dwight Morrow, masón y amigo personal de Plutarco Elías Calles, advirtió al entonces presidente Emilio Portes Gil que «si el gobierno no llega a un acuerdo con la Iglesia que permita la reanudación del culto, toda perspectiva de regreso a la normalidad está muy alejada».
Entonces el presidente llamó a conversaciones no con los que peleaba, es decir, la Liga Nacional de Defensa Religiosa y la Guardia Nacional cristera, sino con miembros de la jerarquía eclesiástica desligados de la lucha, con quienes firmaría los llamados «Arreglos».
Como mediador participó Morrow. Por la parte católica intervinieron el obispo de Tabasco, Pascual Díaz Barreto, como secretario del comité episcopal, y Leopoldo Ruiz y Flores, como delegado apostólico. Las negociaciones iniciaron el 5 de junio en San Antonio, Texas, en ausencia de Portes Gil.
El día 9 de junio se reunieron de nuevo, esta vez en la ciudad de México, donde se encerraron y se negaron a recibir a los representantes de la Liga e incluso a monseñor Mora, arzobispo de México. El 12 de junio finalmente también estuvo Portes Gil en la reunión.
El día 20 de junio el Papa dio poderes a los obispos Pascual Díaz y Leopoldo Ruiz para negociar, sujetándoles a las siguientes condiciones: amnistía completa para el clero y los fieles, restitución a la Iglesia de templos y seminarios, y libertad de relaciones entre la Santa Sede y el episcopado.
Portes Gil accedió en el primer y último puntos. Para el segundo punto, monseñor Díaz dobló las manos a pesar de la orden que le había dado el Papa, por lo que accedió a que se perdiera el legítimo derecho de propiedad y todo se lo quedara el gobierno, conformándose con que a la Iglesia se le diera permiso de usar los recintos religiosos aunque ya no fueran suyos.
Acordaron comunicar a la prensa los «Arreglos», y el día 22 se anunció que los cultos se reanudarían.
Lo más grave es que los dos obispos no exigieron garantías al gobierno para el cumplimiento de lo acordado, por ejemplo, la derogación de las leyes que causaron conflicto.
Aun así, el clero ordenó a los 50 mil cristeros combatientes que entregaran las armas en lugares acordados con las autoridades militares de cada lugar, como si éstos hubieran sido derrotados en combate, cuando no era así.
Todos los obispos, salvo tres que fueron castigados por ello con no poder permanecer en México, aprobaron el acuerdo con el gobierno. Los sacerdotes empezaron a regresar a los templos y a decir a los fieles que ya no era lícito apoyar a los cristeros; y un buen número de éstos, en su gran mayoría eran sencillos campesinos; al ver abiertos los templos y oír las campanas que llamaban a Misa, creyeron que habían triunfado sobre sus perseguidores y, poco a poco, abandonaron las armas sin que los jefes cristeros, que entendían la situación, pudieran convencerlos de lo contrario.
Entre 12 mil y 14 mil cristeros se presentaron ante las autoridades militares a entregar sus armas. Otros ocultaron su arsenal y no se presentaron, y muchos más huyeron de sus regiones o hasta del país temiendo las venganzas. Y efectivamente, el gobierno no cumplió, sino que exterminó a cuantos cristeros amnistiados pudo. En algunos sitios realizó grandes matanzas; como en Bolaños, Jalisco, donde asesinó a 150 que habían entregado las armas. Hubo cristeros que, para salvar su vida, tuvieron que vivir por años escondidos en las sierras.
Redacción
TEMA DE LA SEMANA: A 90 AÑOS DE LA RESTITUCIÓN DEL CULTO
Publicado en la edición impresa de El Observador del 30 de junio de 2019 No.1251
