“Las costumbres en general no son egoístas.Los hábitos casi siempre lo son”.G. K. Chesterton
El 16 de julio pasado, en el marco de la memoria litúrgica de Nuestra Señora del Carmen, celestial patrona de la gente del mar, los obispos de México presentaron una Declaración conjunta, cuyo nombre lleva esta columna.
El texto, más largo que breve, responde a los desafíos de la “cultura de la muerte”, frase que me sigue pareciendo un lugar común, porque la muerte no se cultiva, se cosecha, y la cultura en cuanto tal consiste en invertir, no en espigar.
Lo hacen impelidos por las circunstancias que agobian a los habitantes del planeta en el marco de la pandemia del covid-19, y de lo que califican como la” otra peste mortal: la violencia y la inseguridad que han alcanzado niveles nunca vistos, sea por su cantidad, frecuencia y crueldad”.
Les aterra constatar “actos de violencia, cada vez más numerosos y cruentos”, “considerar a la vida de un hijo como si fuera derecho de un adulto”, la eutanasia, la ruptura de las familias, los esfuerzos por legalizar los estupefacientes y otras drogas, la difusión de una visión pobre y distorsionada de la sexualidad, la corrupción, la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, la indiferencia de algunos ante la pobreza, y el abuso y daño de la naturaleza por el consumismo extremo; y, viendo un hilo conductor en todos estas posturas, reiteran su compromiso “a favor de la vida y la dignidad humana” desde “una participación más constructiva y propositiva para sustituir a la ‘cultura de la muerte’ con el anuncio atractivo de la cultura de la vida y la dignidad humana” y a partir de “una agenda social que busque la dignidad de la persona, el bien de la familia y el desarrollo de la sociedad, en un entorno de libertad y corresponsabilidad”.
Entre sus postulados enlistan estas afirmaciones: que cada persona es creada por Dios como un ser que merece ser amado por sí mismo y nunca deber ser usado como un medio; que la vida humana comienza con la concepción y jamás se debe tomar la decisión de suprimirla de manera activa; que de ninguna manera se puede tolerar el consumo de drogas con fines alienantes; que la atención a la dignidad humana comienza con los más vulnerables.
Enfatizan que, en el orden natural, la relación varón-mujer es la única complementaria y recíproca y es la base del verdadero matrimonio y transmisión de la vida; que los menores de edad en estado de adopción han de ser confiados a un padre y una madre, varón y mujer; que la denominada “renta de vientres” o “maternidad subrogada” es una forma monstruosa de explotación de la mujer; que nada justifica la doble vida ni el abuso y la destrucción de la naturaleza, y que todos los miembros de una sociedad libre “debemos consolidar la democracia, parte esencial de la cual es el derecho a la libertad de expresión y la libertad religiosa”.
Invitan, finalmente, a los asesinos, secuestradores, extorsionistas y agresores de la humanidad “a abandonar el camino del mal y reconciliarse con Dios y con sus hermanos”, para lo cual se impone exigir al gobierno “la vigencia plena del Estado de Derecho”, al que recuerdan que “la aplicación discrecional de la ley es contraria a la justicia”.
Y a los católicos “y a todas las personas de buena voluntad” a construir una sociedad en paz y respetuosa de las leyes justas.
Publicado en la edición semanal digital de El Observador del 26 de julio de 2020. No. 1307
