Petición del cardenal Beniamino Stella, prefecto de la Congregación para el Clero
“Un sacerdote que es fiel a su vocación y a su misión y que, por tanto, ejerce su ministerio en un a parroquia, en las cárceles, en los hospitales, podría ser considerado como ‘categoría de riesgo’ por el desempeño de un servicio socialmente útil”.
Hugues Lefevre I. Media
Lo afirma el cardenal Beniamino Stella, prefecto de la Congregación para el Clero, en una entrevista concedida a la agencia católica de noticias italiana SIR.
En el primer año de pandemia, sólo en Italia, fallecieron 269 sacerdotes diocesanos a causa del Covid-19.
“Es evidente que, como otros componentes de la sociedad, también la Iglesia ha pagado un precio muy elevado a causa de la pandemia y de sus consecuencias, que han penetrado en profundidad en la vida de las personas, trastocando y demoliendo las costumbres diarias”, constata el cardenal Stella.
“La Iglesia no se ha librado de los efectos de este drama –añade–, en primer lugar por motivo de la muerte de muchos de sus sacerdotes, muchos de los cuales golpeados por el virus mientras se entregaba con generosidad para que el Pueblo de Dios pudiera sentir la cercanía de sus pastores y para que no les faltara el consuelo de los sacramentos y el anuncio de la Palabra de Dios”.
El cardenal recuerda, como ejemplo, el caso que le ha relatado un arzobispo de una gran ciudad de América Latina.
“Al inicio de la pandemia, el arzobispo pidió retirarse a los capellanes de los hospitales, pues muchos eran sacerdotes en edad avanzada, y por tanto formaban parte de la categoría de riesgo. Como respuesta –relata el purpurado–, otros presbíteros más jóvenes se ofrecieron como voluntarios para el servicio en el hospital, recibiendo de las autoridades civiles el permiso y el equipamiento adecuado para ejercer de manera segura su ministerio”.
“De este modo, constata el arzobispo, en la diócesis nadie que lo pidiera falleció sin los sacramentos o fue hospitalizado sin que pudiera recibir asistencia espiritual”.
El prefecto vaticano considera que se trata de “un buen ejemplo de colaboración entre autoridades civiles y eclesiásticas para permitir a los sacerdotes el ejercicio del ministerio, colaboración que hoy podría aplicarse también facilitando su vacunación”.
