Muchos países están implementando nuevas medidas para limitar la propagación de la COVID-19, en particular, el certificado COVID, frecuentemente conocido como el “pasaporte” verde que permite acceder a determinados lugares públicos.
Según los países que adoptan este certificado, para entrar un bar, restaurante o sala de cine, las personas deben demostrar que han sido vacunadas contra la COVID-19, que han realizado una prueba negativa reciente o que han superado el virus quedando inmunizados. Estas medidas provocaron protestas y muchos las vieron como una limitación a la libertad individual.
El profesor Stefano Semplici, catedrático de Ética Social de la Universidad de Tor Vergata en Roma y miembro de la Academia Pontificia para la Vida de la Santa Sede, afronta en esta entrevista con I. Media la justificación ‘ética’ de estas medidas en una situación de emergencia sanitaria donde las decisiones de cada individuo pueden repercutir en toda la población.
“La libertad de elección es un valor fundamental, pero esto no significa que no pueda limitarse por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia”, aclara el profesor Semplici.
–¿Cómo analiza la situación del pase de salud que se está desarrollando con estas nuevas medidas? ¿Cómo se pueden responder las objeciones?
–Profesor Stefano Semplici: Cuando estalla una pandemia, el “enemigo” contra el que se lucha se propaga utilizando los cuerpos de las personas como “vehículo”. Esto significa, sencillamente, que lo que hacemos (o no hacemos) tiene consecuencias no solo para nosotros, sino también para los demás. En el caso del COVID-19 es, entre otras cosas, un enemigo particularmente insidioso, porque muchos de los infectados son asintomáticos o paucisintomáticos [o con síntomas leves] y por lo tanto pueden convertirse en vehículos involuntarios del virus. En la primera fase de la epidemia, el distanciamiento físico, con todas las restricciones y repercusiones negativas que conllevaba, fue por ello una elección obligada. La vacuna es la herramienta que nos puede permitir, manteniendo un comportamiento prudente, volver a “acercarnos” y vivir una vida diaria de encuentros y relaciones con mayor serenidad. En definitiva, vacunarse significa reabrir bares y restaurantes, reduciendo el riesgo de tener que cerrarlos.
–¿Cuál es la validez de estas restricciones desde un punto de vista ético? En su opinión, ¿sería ético hacer que la vacuna COVID-19 sea completamente obligatoria?
–Profesor Stefano Semplici: Nadie propone una obligación basada en una auténtica coacción. Estamos hablando más bien de un sistema de restricciones y posiblemente sanciones que pueden constituir un “incentivo” efectivo para la vacunación. La justificación “ética” de esta elección se basa en la gravedad de una pandemia como problema de salud pública. Quienes no se vacunan (salvo, por supuesto, en los casos en los que esto no sea posible) impiden llegar a ese momento en que finalmente se podrá pasar esta dolorosa página. Y sobre esto no parece haber dudas por parte de los expertos. No se trata simplemente de reducir los riesgos para la salud, que se reducen mucho con la edad, sino de considerar la vacunación como un verdadero ejemplo de solidaridad. Se trata de compartir los riesgos que, en raras ocasiones, puede conllevar la vacunación. Precisamente porque todos disfrutarán de los beneficios de la llamada “inmunidad colectiva”.
–En su opinión, ¿se puede encontrar un equilibrio entre el deber ético o moral de vacunarse y la libertad de elegir en una situación de emergencia como esta de la pandemia?
–Profesor Stefano Semplici: En mi opinión, una respuesta muy clara a esta pregunta se encuentra en el dictamen sobre vacunas y COVID-19 del Comité Nacional de Bioética, [organismo asesor del estado italiano] de noviembre de 2020. El Comité lo consideró “éticamente necesario hacer todo lo posible para lograr y mantener una cobertura de vacunación óptima mediante la adhesión consciente” y voluntaria. Pero no excluyó, ante la persistencia de la gravedad de la situación de salud y la insostenibilidad a largo plazo de las limitaciones a las actividades sociales y económicas, que pudiera llegar a ser obligatoria, “especialmente para los colectivos profesionales que se encuentran en riesgo de infección y transmisión de virus”. La libertad de elección es un valor fundamental, pero esto no significa que no pueda limitarse por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia.
–¿Hacer que la vacuna sea casi obligatoria con estas nuevas medidas no corre el riesgo de aumentar la desconfianza de las personas contrarias a las vacunas?
–Profesor Stefano Semplici: Puede ser que haya un endurecimiento de posiciones y por eso se tuvo que hacer (y se ha hecho) todo lo posible para llegar a una vacunación masiva en virtud de la libre elección. Pero creo que tampoco debemos pasar por alto el hecho de que la irritación provocada por la creciente circulación del virus está creciendo entre los propios vacunados, aumentando el riesgo de variantes más agresivas y peligrosas. Sigue siendo demasiado elevado el número de quienes, por diferentes motivos, no siempre comprensibles según las categorías tradicionales de los opositores a las vacunas, rechazan la vacunación. En definitiva, corremos el riesgo de que surjan conflictos difíciles de gestionar con consecuencias imprevisibles.
